El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, propuso ayer en el Parlamento un "gran pacto por la Justicia" en España, entre las comunidades con las competencias delegadas y el Gobierno central, para lograr mayor rapidez y calidad, con un servicio "acorde al siglo XXI". Según dijo el consejero en la comisión de su departamento, la administración de justicia requiere un "cambio procedimental, cultural y legislativo" donde deben participar los responsables políticos, el Consejo General del Poder Judicial, los operadores jurídicos y los profesionales del sector.

En su opinión, para reducir la litigiosidad y acortar sus plazos de resolución hay que atender de forma inexcusable las necesidades de la planta judicial, que aún no están cubiertas e incorporar nuevas formas de resolución de conflictos que hagan posible "una justicia más moderna". Para ello, la Junta continuará con la implantación de la nueva Oficina Judicial y Fiscal, que empezó a poner en marcha a finales de la anterior legislatura.

En el capítulo de infraestructuras, el Gobierno andaluz pretende "seguir adecuando" sedes con problemas de espacio o instalaciones obsoletas y avanzar en los proyectos de construcción de ciudades de la justicia en las capitales andaluzas donde aún no se han puesto en marcha, así como en Algeciras y Jerez.

De Llera anunció una inversión de 30 millones para la eliminación progresiva del papel en los procedimientos judiciales y la puesta en marcha de la Sede Electrónica Judicial. Además, culminará la implantación del sistema informático Jara, al que acompañará un plan de gestión integral archivística, "para acabar con la imagen de los juzgados llenos de papeles y cajas amontonadas", detalló De Llera.