El Parlamento andaluz dio un sí que permitirá la creación de la comisión de investigación de los ERE, pero ese voto unánime no impidió que hubiera una sonada bronca. Horas antes de su debate, en una pregunta oral del PP sobre las críticas a los autos de la juez del caso vertidas por el consejero de Justicia, Emilio de Llera, éste había calificado de "rollo" el escándalo, invitando a los populares a que dejaran esta "obsesión". Esto sirvió de munición al PP para desacreditar el interés de los socialistas por esclarecer la verdad sobre el "chollo" de las ayudas sociolaborales que, supuestamente, desde la Junta habrían servido para nutrir el bolsillo de militantes y afines al partido.

El portavoz popular, Rafael Carmona, explicó que la voluntad del PSOE es anular la comisión hasta dejar el nivel de responsabilidad en dos o tres chivos expiatorios y apartar de la trama al presidente andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves, de los que recordó ya son mencionados en el informe de la Guardia Civil. Su comparecencia la van a pedir, así como una larga nómina de hasta 22 comparecientes más vinculados al Ejecutivo autonómico y al PSOE, como advirtió, para que se puedan conocer las responsabilidades políticas del "chollo", que no del "rollo" , que es este "fraude" de más de mil millones de euros.

Este planteamiento no gustó su homólogo socialista, Mario Jiménez, que se esforzó por presentar al PSOE como el primer interesado en esta investigación -se opuso en una decena de ocasiones la legislatura pasada, amparado en su mayoría absoluta- por "compromiso ético", frente a un PP volcado en buscar el rédito electoral que no le dieron las urnas y en derrocar al Gobierno actual, sobre todo, a Griñán, sin "importarle la verdad". "El PP tiene intención de convertir este instrumento del Parlamento en un bochornoso espectáculo, al que el grupo socialista no va a contribuir", advirtió.

Ante el cariz del enfrentamiento, IU quiso mediar, aunque sin librarse de la trifulca, en su caso, por la filtración del borrador del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas del que el PP acusó su autoría. Su portavoz, José Antonio Castro, alertó de que el efecto de esta discusión sería devaluar de cara a la ciudadanía el fin por el que se crea la comisión. Sobre esta, IU quiso dejar claro una vez más que quiere despegarse de su socio de gobierno y no va a tener ningún reparo en pedir comparecencias de este y del anterior Consejo de Gobierno, y aunque oficialmente aún no se ha dicho, parece seguro que citarán a Griñán y Chaves.

Ante la posibilidad de que IU se alíe con el PP en esta petición, el PSOE parece que piensa en un cambio de estrategia. Por ahora sigue resistiéndose a que testifique Griñán, pero a nivel interno va calando la idea de que en vez de ir forzado a la comisión, sería mejor que éste diera un paso al frente y lo hiciera voluntariamente. La solución podría reportarle más de un beneficio: se marca un tanto ante su socio de gobierno, desactiva la estrategia de la oposición y da imagen de transparencia ante el electorado.

Aparte de dar luz verde a la comisión de investigación, tras la sesión plenaria, la Junta de Portavoces se reunió de manera extraordinaria para aprobar la base sobre la que se construirá esta y cualquier otra comisión de investigación que se plantee a lo largo de esta legislatura. Este documento, que es una resolución de la Presidencia de la Cámara, marca que la comisión estará integrada por tres representantes de cada partido, más un suplente, y que las decisiones se adoptarán por voto ponderado -eso ya lo fija el artículo 52 del Reglamento del Parlamento-. Los nombres de estos vocales tienen que estar decididos a las 14:00 horas del lunes. Este trámite permitirá que dos días después, el miércoles, se proceda a la elección del presidente de la comisión, que en caso de que no haya unanimidad, se resolverá por mayoría. Constituida la comisión, los grupos no perderán tiempo y decidirán el reglamento por el que se regirán, los comparecientes y los plazos para las conclusiones. De entrada, una de las primeras peticiones que formularán es que se habilite parlamentariamente el mes de julio -es inhábil-, y de las primeras normas del reglamento será que todas las sesiones, incluidas las comparecencias, sean a puerta abierta.