La Junta de Andalucía pretende frenar el proyecto para almacenar gas en Doñana

Un nuevo giro en la política verde de la Junta de Andalucía que quiere frenar el proyecto de almacenamiento de gas bajo el suelo de Doñana. El Gobierno andaluz va a plantear al Consejo de Participación de Doñana que se revise la autorización para almacenar gas en el subsuelo del Espacio Natural que se concedió en el año 2010. Así lo va a plantear en la reunión del órgano gestor del parque que se celebrará este viernes. El Gobierno andaluz plantea no sólo revisar la autorización para esta explotación de gas sino también que se analicen los posibles riesgos y afecciones al Espacio Natural y a las aguas subterráneas que son clave en esta zona, y que se informe a la Comisión Europea y a la Unesco de todo ello.

La base de las reclamaciones de la Junta pasan por la influencia del cambio climático en una zona tan sensible y porque entiende que las condiciones han cambiado en los últimos quince años. El Gobierno socialista concedió en el año 2010 una autorización para almacenar gas bajo Doñana, un proyecto en permanente estado de polémica y que cuenta con una férrea oposición de los colectivos conservacionistas.

El pasado mes de abril, la empresa Trinity Energy Storages solicitaba un permiso al Gobierno central para construir un nuevo pozo cerca de la aldea del Rocío para inyectar gas natural a unos 1.000 metros de profundidad. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aaagasen ha afirmado que el sondeo se sitúa fuera del área protegida y pertenece a un proyecto "preexistente" que utilizará permisos ya concedidos a una explotación actual, lo que significa que podría obtener la licencia para almacenar el gas.

El colectivo Salvemos Doñana, que forma parte del Consejo de Participación, presentó alegaciones dudando de la autorización ambiental concedida en 2010, los mismos argumentos que ahora va a defender el Gobierno andaluz. Estas razones tienen la misma base que el polémico conflicto de los regadíos de la Corona Norte: están fuera del espacio protegido pero afectados por el mismo acuífero. Un argumento que, por cierto, ha sido clave en la oposición del Ministerio de Transición Ecológica a los regadíos de los frutos rojos del entorno de Doñana y sobre el que se basa el acuerdo alcanzado entre la Junta y el Ministerio en el conocido Plan Doñana.

En este asunto no sólo hay un interés medioambiental, también económico, España necesita depósitos naturales subterráneos para almacenar gas, un combustible fósil estratégico a consecuencia de la invasión de Ucrania y el cierre del suministro desde Rusia. Esa fue la palanca que otra empresa, Naturgy, empleó en la primera década de este siglo para intentar construir cuatro zonas de inyección en el entorno de Doñana, proyectos a los que se opuso el último Gobierno socialista de la Junta, el de Susana Díaz, que sin embargo sí autorizó uno, en llamado de las Marismas Occidental y que está situado a cuatro kilómetros al norte de la aldea del Rocío y a unos 300 metros del parque natural. Es en esta instalación, que tuvo autorización, donde Trinity quiere volver a pinchar un nuevo pozo para inyectar gas natural y almacenarlo en una bolsa de arenas a 1.008 metros de profundidad, varias capas geológicas por debajo del acuífero que alimenta a Doñana