España

La presidenta del TC tendrá que redactar la ponencia sobre el 'Estatut'

  • María Emilia Casas asume la responsabilidad tras el fracaso del texto elaborado por el magistrado conservador Guillermo Fernández · La propuesta no llegó ni a votarse ante el rechazo suscitado

La presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, deberá redactar la ponencia de la sentencia que debe elaborar este órgano en relación con el recurso presentado por el PP contra el Estatuto de Cataluña después de que el último ponente, el vicepresidente de este órgano y magistrado del bloque conservador Guillermo Jiménez, retirara su texto antes de someterlo a votación, informaron fuentes del alto tribunal. Casas anunció al pleno su intención de presentar su propuesta "a la mayor brevedad posible".

El Pleno del Tribunal Constitucional no llegó a votar el texto de Jiménez, que preveía la declaración de inconstitucionalidad de una veintena de preceptos y la interpretación de otros tantos, y finalmente será Casas la que asuma una nueva redacción con el fin de desatascar la actual situación, tras el fracaso de los ponentes anteriores.

Aunque Guillermo Jiménez llegó al Constitucional como candidato de consenso entre los dos grupos mayoritarios en las Cortes, en función de las resoluciones adoptadas en el alto tribunal se le había integrado en el bloque conservador de este órgano.

El vicepresidente, junto con María Emilia Casas y los magistrados Vicente Conde y Jorge Rodríguez-Zapata, es uno de los magistrados de este órgano cuyo mandato concluyó en diciembre de 2007 sin que el Senado, a quien corresponde su renovación, haya podido alcanzar el consenso necesario para conseguirlo.

El primer borrador, que fue elaborado por Elisa Pérez Vera, integrante del denominado sector progresista, fue tumbado por seis votos contra cuatro tras sufrir hasta cuatro modificaciones desde su redacción inicial, mientras que el de Guillermo Jiménez ni siquiera fue sometido a votación.

Aunque el Pleno del Constitucional inició su reunión a las 11:00, no fue hasta las 13:15 cuando comenzó a tratarse el último borrador de sentencia, ya que la sesión plenaria no era monográfica e incluía otros asuntos en su orden del día, uno de ellos referido a la paralización de las obras en el barrio del Cabanyal en Valencia, que fueron los primeros en discutirse. Sin contar la pausa de la comida, la deliberación no ha llegado a las cuatro horas.

El texto que los magistrados tenían sobre la mesa fue redactado durante el último mes por Guillermo Jiménez y se preveía que su contenido sería más restrictivo con los preceptos incluidos en la norma catalana que el que fue rechazado el pasado 16 de abril por seis de los magistrados frente a cuatro.

Una de las posiciones claves en las deliberaciones desarrolladas hasta ahora ha sido la del magistrado Manuel Aragón, quien, pese a su adscripción progresista, votó con los conservadores para rechazar el borrador de Pérez Vera y mantuvo una de las posiciones más críticas con los aspectos del Estatut que afectaban a la nacionalidad y los símbolos catalanes. Jiménez no ha conseguido, sin embargo, presentar un texto que le valiera a la vez el apoyo de Aragón y el de los cuatro magistrados del bloque conservador que exigen que el texto estatutario sea fuertemente "recortado".

Por su parte, el bloque progresista tampoco estaba dispuesto a ceder y a aceptar una sentencia mucho más restrictiva, lo que situaba las discusiones en un callejón sin salida.

Tras el rechazo a su borrador, Jiménez podría haber optado por intentar rehacerlo -como hizo su antecesora Elisa Pérez Vera hasta en cuatro ocasiones-, o bien renunciar a la ponencia, lo que finalmente sucedió. A partir de ese punto, la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, podía haber designado a un nuevo ponente o hacerlo ella misma, como finalmente ha sucedido. En todo caso, se trata de un nuevo retraso en un asunto que se ha enquistado.

El giro de los acontecimientos se produce en vísperas de que, el próximo lunes, el presidente catalán, José Montilla, defienda en el Senado la propuesta acordada entre el tripartito y CiU para reformar la ley orgánica del Constitucional.

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