Al final Carmen Martínez Aguayo acertó. El déficit de la comunidad andaluza el pasado ejercicio de 2011 rebasó con creces el 1,3% impuesto como límite a las comunidades y se situó en el 3,2%. La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta tardó menos de 24 horas en corregir a su jefe, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, a finales de enero.

Éste, en el último debate de la legislatura en el Parlamento andaluz y ante la insistencia de Javier Arenas preguntándole si el déficit estaría por encima del 2,6%, el doble de lo acordado para las comunidades, afirmó literalmente que "el déficit de Andalucía será, seguramente, mayor del 1,4%, y estará en la media. No hemos cerrado el ejercicio". Pero Aguayo al día siguiente aportó que "estaremos en el entorno de la media, sobre el 3%, calculo yo".

La contradicción entre el presidente y su consejera dio pie a que desde la tribuna del Consejo de Ministros, dos de sus máximos representantes (la ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro) mostraran la "preocupación" del Ejecutivo por las cuentas andaluzas y se cuestionase la solvencia de la Junta. La polémica se convirtió en el primer argumento de la larga campaña electoral andaluza y aún perdura.

El tino de Aguayo tiene que ver con que hace un mes se apoyó en un informe del Observatorio Fiscal y Financiero, que ha resultado en sus previsiones similar a los datos ofrecidos ayer por el ministro.

Así, Andalucía superó en 28 centésimas la media de las comunidades (2,94) y se situó justo en la mitad, con ocho comunidades con mayor déficit y otras ocho menos, todas por encima del 1,3% previsto por el Gobierno, salvo Madrid. La consejera ya reconocía hace semanas que la cifra no se alcanzaría, al igual que en 2009 y 2010, pese a los planes de reequilibrio aprobados y los recortes presupuestarios acometidos.

Fuentes de la Consejería de Hacienda anunciaron ayer que presentarán alegaciones porque el Gobierno no ha reconocido los 1.504 millones que se le adeuda por el déficit inversor del Estado en 2008 y 2009 (con el Gobierno del PSOE), cifra acordada por la propia Intervención General y que hubiese mitigado este 3,2% de déficit.