La Audiencia Nacional instó a la juez que investiga las indemnizaciones a la antigua cúpula de Abengoa, Carmen Lamela, a que solicite el informe realizado por KPMG a instancias de los bancos acreedores sobre la viabilidad de la compañía. El tribunal considera este documento como muy relevante para conocer su situación real.

La sección tercera de la sala de lo Penal estima parcialmente en un reciente auto el recurso interpuesto por la acusación particular y corrige la anterior resolución de la instructora, que denegó dicha práctica tras no admitir la ampliación de la querella.

El pasado verano, la Plataforma de Perjudicados por Abengoa solicitó nuevas pruebas con el fin de esclarecer las supuestas irregularidades en los finiquitos recibidos por el ex presidente de la compañía andaluza Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, de 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente.

Entre la documentación requerida entonces se encontraban los informes realizados por la firma KPMG a petición de los acreedores financieros de Abengoa, entre ellos el Banco Santander, y que según la acusación particular aclararían si la insolvencia se percibió antes o después de los ceses de los responsables de la anterior cúpula directiva.

Precisamente, el máximo responsable del Santander en España, Rodrigo Echenique ya se refirió a la confianza en la viabilidad del proyecto durante su declaración como testigo en la causa, y aseguró que el cambio en la presidencia de Abengoa sólo fue una recomendación y no una condición impuesta para conceder la ampliación de capital.

Asimismo, solicitaron detalles sobre el saldo obtenido por Blackrock, el fondo de inversión por el que fichó Sánchez Ortega, tras las operaciones de compraventa de acciones de Abengoa realizadas entre junio de 2015 y enero de 2016.

Unas diligencias igualmente rechazadas por Lamela en su anterior resolución y que ahora la sala tampoco admite, ya que de ellas "no puede desdeñarse que sirvan para profundizar en el delito de administración desleal" que es el objeto de la instrucción.

La decisión del tribunal se produce después de la ronda de declaraciones del pasado 21 de octubre, cuando comparecieron los últimos investigados en la causa, entre ellos el actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, quien defendió que las indemnizaciones fueron aprobadas confiando en el criterio del asesoramiento externo.

Esta decisión se produce en la misma semana en la que el juzgado de lo mercantil número 2 de Sevilla admitió a trámite la solicitud de homologación del acuerdo de reestructuración de Abengoa, que fue presentada el pasado el viernes 28 de octubre con la adhesión de acreedores financieros que suman el 86% de su deuda.

En una providencia fechada el pasado 31 de octubre, y conocida el pasado miércoles, el juez explica que la solicitud se ha admitido a trámite porque cumple los requisitos formales necesarios: la aportación del acuerdo para el que se pide la homologación y la certificación del auditor de que éste ha sido adoptado por más del 51 % de los acreedores de cada una de las sociedades del grupo Abengoa a las que se refiere.

La providencia subraya que, de esta forma, se paraliza cualquier ejecución contra el patrimonio de cada una de las sociedades deudoras hasta que se resuelva definitivamente la solicitud de homologación del acuerdo de refinanciación.

Entre los aspectos del acuerdo de reestructuración que los solicitantes pretenden extender al conjunto de los acreedores figuran el porcentaje concreto de la quita que se aplicará a la deuda y a los intereses y una prórroga de diez años en el vencimiento de la deuda restante.

Las adhesiones logradas por el grupo energético y tecnológico a su plan, que fueron validadas y certificadas por Deloitte, superan con claridad el mínimo establecido por ley, que era del 75% de la deuda. Los acreedores que no se hayan adherido al plan podrán hacerlo posteriormente si lo desean.