La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana archivó ayer la denuncia presentada por el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, contra el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre una posible financiación irregular de este partido. Según informaron a la agencia Efe fuentes del Ministerio Público, de los hechos descritos en esta denuncia no se desprende ningún acto delictivo.

Costa denunció a los autores de este informe policial al considerar que en este documento aparecen "informaciones sesgadas, intencionadas y sin pruebas".

El informe, que se conoció públicamente el pasado día 25 y que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, indica que la dirección regional del PP organizó una financiación ilegal del partido a través de la firma Orange Market, vinculada a la trama empresarial del caso Gürtel. Según la Policía, Costa, el vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; el vicesecretario, David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García Santos, estaban al tanto de la operativa financiera irregular. Ese mismo día, Costa convocó una rueda de prensa en la que aseguró que este documento policial era "un claro montaje instigado desde el Ministerio del Interior". Por ello, y como una de las medidas "contundentes" solicitadas por la dirección nacional del PP, Costa presentó el lunes una denuncia contra los autores del informe ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana.

Tras haber estudiado el contenido de la denuncia, la Fiscalía la ha rechazado al no observar indicios de delito en los hechos que relata.

Mientras tanto, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reiteraba ayer su confianza absoluta en el presidente valenciano, Francisco Camps, pidió que se le "deje actuar" y recalcó que "quien haya hecho cosas que no se tienen que hacer no estará" en su partido. "Tenemos toda la confianza en el PP de la Comunidad Valenciana, creemos que va a actuar convenientemente y vamos a dejarles actuar", señaló la número dos de los populares. En declaraciones a Veo Televisión, Cospedal explicó que cuando pidió al PP de Valencia que actuara con "contundencia" lo que quería decir es que se hiciera "de manera firme" y "clara", que se tomaran "iniciativas inmediatamente" y -subrayó- "se han tomado iniciativas inmediatamente". Se refería a que el PP valenciano anunció el martes que ha pedido una auditoría externa a una firma privada internacional, a que ha presentado su contabilidad para que vuelva a ser auditada por el Tribunal de Cuentas y a que ha solicitado una comisión parlamentaria de investigación. La número dos del PP se mostró "absolutamente" dispuesta a depurar responsabilidades en su partido si es necesario: "Quien haya hecho cosas que no se tienen que hacer no estará en mi partido", proclamó.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, advirtió ayer por su parte que su partido no permitirá "que nada ni nadie quede impune" en el caso Gürtel. Así lo indicó en una entrevista a la Cadena Ser, en la que consideró que la trama es "una manera de entender la política" que tiene Camps.

La polémica sobre la supuesta persecución que sufre el PP llegó ayer también al Pleno del Congreso. Y es que el PP sacó a colación sus denuncias de persecución por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial. El diputado valenciano del PP Ignacio Gil Lázaro fue el encargado de sacar el tema de la persecución en la sesión de control al Gobierno. Para ello, aprovechó una pregunta sobre la disparidad de cifras entre la memoria de la Fiscalía y los datos de delincuencia de Interior. "Llama la atención la discrepancia entre Fiscalía e Interior, cuando tan coordinadamente andan de la mano en otros asuntos a la hora de perseguir a la oposición, aún vulnerando consideraciones esenciales del Estado de Derecho", aseveró.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se limitó a hacer uso de un proverbio frente a las quejas de la bancada popular: "Siempre es posible enturbiar la claridad del agua, agitándola un rato, pero no por eso deja de ser agua".