El Tribunal Constitucional ha suspendido por unanimidad la resolución independentista del Parlamento catalán y ha decidido notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell, a los que advierte de que incurrirán en responsabilidades penales si no acatan su decisión. El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra la propuesta, lo que, como determina el artículo 161.2 de la Carta Magna, supone su suspensión automática durante un plazo máximo de cinco meses.

Tras una reunión de dos horas y media, el tribunal de garantías ha decidido, por primera vez, notificar en mano su resolución, pues se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento. De ese modo, se notificará la decisión al presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas; a los miembros de su Gobierno; a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell; a los integrantes de la Mesa de la Cámara autonómica, y al secretario general del Parlamento catalán, Pere Sol. A todos se les advierte de su deber de "impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El Gobierno había pedido en su impugnación que se les apercibiera de suspensión en sus funciones y de delito de desobediencia si no cumplen el mandato del TC, y, los magistrados, aunque sin concreción, advierten de las responsabilidades, incluso penales, que acarrearía ese incumplimiento. El tribunal da traslado de la demanda al Parlamento catalán, a través de su presidenta, para que en el plazo de diez días pueda personarse en el proceso y formular alegaciones. También recaba el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para emitir las notificaciones y apercibimientos.

Tras conocer la decisión del TC, la vicepresidenta del Gobierno catalán y portavoz en funciones, Neus Munté, ha defendido que el Ejecutivo catalán actúa en "estricto cumplimiento" del Parlamento catalán "soberano" y ha acusado al Gobierno de "utilizar" al tribunal para poner "una mordaza" a los "anhelos de libertad" de Cataluña.

Sin embargo, el Gobierno ha expresado su satisfacción y ha considerado que la rapidez de esa decisión -adoptada 48 horas después de la aprobación de la resolución del Parlamento de Cataluña- demuestra la fortaleza de las instituciones. "Esto demuestra la fortaleza de nuestras instituciones, la solidez de nuestra democracia y el imperio de la ley en España", han subrayado las fuentes del Ejecutivo.

Según el recurso del Gobierno admitido a trámite, las vulneraciones producidas por la resolución inciden, entre otros, sobre los artículos que establecen que la "soberanía reside en el pueblo español" y que "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Además, entiende que se vulneran asimismo los artículos 1 y 2.4 del Estatut de Autonomía de Cataluña, que supeditan el ejercicio de los poderes en Cataluña a la Constitución.

En su recurso, el Ejecutivo pide la anulación de toda la resolución, que reconoce la soberanía de Cataluña, atribuye al Parlamento catalán poder constituyente y expresa un compromiso de no supeditar el proceso a las decisiones del Estado español y de su ordenamiento jurídico. El Ejecutivo sostiene que la resolución del Parlamento catalán supone declarar que el pueblo catalán es depositario de una soberanía nacional distinta a la del pueblo español, lo que vulnera "frontalmente y de forma expresa" el artículo 1.2 de la Constitución. También señala el Ejecutivo que la resolución aprobada vulnera "el deber de lealtad constitucional", que obliga a acatar las reglas del juego político y el orden jurídico existente y a no intentar cambiarlas por medios ilegales.

El Gobierno apunta que se pretende evitar cualquier control del Tribunal Constitucional y, por ello, del Poder Judicial. Y asegura el recurso que , sin separación de poderes, "el Parlamento catalán, o mejor dicho, la mayoría no cualificada del mismo, queda como poder absoluto y omnímodo sin límite ni garantía alguna, desapareciendo la seguridad jurídica por completo".