Piden 4 años de cárcel para el alcalde de Estepona por malversación

La acusación popular, ejercida por el PSOE, ha solicitado cuatro años de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), como supuesto autor de un delito de malversación en la contratación de una mujer con la que mantenía una relación "de estrecha amistad".

Junto a la petición de cárcel, se reclama también para él, en concepto de autor del referido delito, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que para ella se solicitan dos años de prisión y seis de inhabilitación especial como cooperadora necesaria, y para ambos, el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación popular.

Según el escrito de conclusiones provisionales y petición de juicio, al que ha tenido acceso EFE, esta acusación plantea que ambos acusados sean condenados a indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Estepona por el importe total de las nóminas "indebidamente percibidas" entre el 13 y 28 de febrero de 2023 y el 1 y el 31 de marzo del mismo año por ella más los intereses.

La acusación además fija el daño patrimonial total en 7.862,89 euros, importe íntegro de la responsabilidad civil, y que debe considerarse el reintegro efectuado por García Urbano como parcial e incompleto, sin que pueda calificarse como reparación total del daño y "sin perjuicio de que pueda ser valorado, en su caso, como un reconocimiento de la irregularidad cometida".

Esta acusación propone como diligencias varios requerimientos de información al Ayuntamiento de Estepona, como el nombre y puesto de los técnicos y administrativos que trabajaban en el Área de Control Externo en febrero y marzo de 2023 y las fechas y funciones concretas de tres personas durante el tiempo que prestaron servicio como personal eventual en el Área de Control Externo.

Para el juicio plantea interrogar a García Urbano, a la mujer contratada y testificales como la del concejal del Área de Control Externo del Ayuntamiento de Estepona, Blas Ruzafa, entre otros cargos del Consistorio.

En el escrito al Tribunal de Instancia de Estepona número 5 se propone como medios de prueba documental los documentos y testimonios que acreditan tanto la existencia de la relación personal como la ausencia de actividad laboral de la contratada.

El citado tribunal acordó hace unos días en un auto continuar este procedimiento dado que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, como autor directo en el caso de él y como cooperadora necesaria en el de ella.

En los fundamentos jurídicos, indicaba que García Urbano mantenía una "relación íntima de amistad" con la mujer, a la que abonó 21.000 euros entre enero de 2022 y enero de 2023 que destinaba al pago del alquiler de un piso en Estepona y gastos propios, y al mes siguiente de que terminaran esos pagos fue contratada por el Ayuntamiento como funcionaria eventual con plaza de asesora.

En cuanto al desempeño del cargo, la investigada "insistió en que nunca realizó labor alguna, ni poseía despacho ni lugar habilitado para ello" y "no consta registro de control horario, ni expediente administrativo alguno ni de otra naturaleza en el que haya intervenido", según el auto