PSOE y Vox piden la dimisión del alcalde de Estepona por el caso de la presunta malversación

Los partidos PSOE y Vox han solicitado este viernes la “dimisión” del alcalde de Estepona, José María García Urbano, tras conocerse que ha devuelto los 5.276,92 euros que percibió una mujer contratada como cargo de confianza en el Ayuntamiento y con la que mantuvo una “relación íntima de amistad”, caso por el que se le investiga al regidor por un presunto delito de malversación de caudales públicos, tras declarar ésta ante el juez que no había acudido a trabajar.

Mientras, el Consistorio ha destacado que la consignación económica realizada en la Tesorería municipal esta semana -antes de que el juez pueda dictar la apertura de juicio con jurado-, no supone "un reconocimiento de culpabilidad" por parte del regidor, sino que se ha hecho para "demostrar la inexistencia de irregularidades y perjuicio alguno" para las arcas municipales.

La Corporación municipal de Estepona está conformada por el PP, que ejerce la función de gobierno, y como oposición por los grupos de PSOE y Vox y el concejal no adscrito, Antonio Benítez. Se da la circunstancia de que estos dos partidos opositores están personados como acusación popular en la causa por presunta malversación, que investiga el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad.

El pasado jueves se dio a conocer que el alcalde había ingresado en la Tesorería del Ayuntamiento los 5.276,92 euros que la mujer había percibido durante el período en el que estuvo contratada en la administración local, entre febrero y marzo de 2023. Con esta decisión, el alcalde se asegura una condena inferior si un jurado lo declarase culpable. El cheque bancario no supone aceptar que ha cometido delito alguno. El alcalde popular señala, en el documento al que ha tenido acceso este periódico, que "ha consignado la citada cuantía ad cautelam", es decir, significa que se refiere a "una declaración oral o escrita por la que se hace una determinada reserva en previsión de una eventual razón contraria".

El Consistorio ha lamentado que “PSOE y Vox no tienen escrúpulos en su campaña de mentiras para dañar al alcalde”, que considera “injusta” e “inadmisible”, señalando que tiene como único objetivo “dañar la dignidad y trayectoria política del alcalde de Estepona, intentando apartarle del Ayuntamiento y de su compromiso con esta ciudad”. “PSOE Y VOX quieren conseguir con mentiras lo que no son capaces de lograr en las urnas”, han apostillado.

Piden la dimisión del alcalde

La secretaria general del PSOE de Estepona, Enma Molina, ha vuelto a solicitar la “dimisión” de García Urbano, al entender la formación socialista que al hacer la consigna económica “ha reconocido que presuntamente ha habido un delito y entiende que va salir un auto de acusación por parte del juez”, una vez celebrada el pasado jueves la comparecencia establecida en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ) que sirve para concretar las imputaciones y pedir el sobreseimiento de la causa.

Molina ha valorado que el alcalde “políticamente, moralmente y éticamente debe renunciar, porque supuestamente ha metido su mano en el dinero público y lo ha derivado a su interés personal”. “No puede ser un servidor público, no puede representar a una ciudad y no puede gestionar el dinero de todos”, ha agregado.

La socialista ha apuntado que la devolución de los 5.276,92 euros es “una estrategia jurídica para eximir la responsabilidad en una futura condena y rebajarla en uno o dos grados”, en el caso de que finalmente el juez dictara que se ha cometido un delito. En este punto, ha incidido en que la cuantía que le supuso al Ayuntamiento la contratación como cargo de confianza de la mujer fue “mucho más elevada de lo que él ha ingresado”, al considerar la secretaria del PSOE que el alcalde “ha pagado lo líquido pero la parte bruta no la ha hecho efectiva, como la Seguridad Social, el IRPF o la actualización”.

En la misma línea se ha mostrado el portavoz de Vox, Manuel Aguilar, que ha valorado que con el pago de la cantidad “presuntamente de alguna forma se está reconociendo que ese dinero ha salido de mala manera de las arcas municipales”, por lo que entiende que García Urbano “debería de irse”. En este sentido, ha señalado que si finalmente el juez dicta la apertura del juicio oral “el PP tendrá que expulsarlo”, destacando que en este caso el regidor tendría que “salir del sillón de la Alcaldía y dar un paso al lado", por lo que considera que “debería de estar más que planteada la dimisión de forma inmediata”.

En sus palabras, con el ingreso de las retribuciones que cobró la mujer “lo que se quiere conseguir es el atenuante del daño reparado, que está en el Código Penal”, ha señalado Aguilar, que es abogado de profesión, destacando que para que ello se dé “hay tres conceptos que faltan y tiene que ingresar las retenciones, los seguros sociales y la actualización de ese dinero”. “Mientras no esté eso ingresado, seguirá sin haberse realizado el resarcimiento del daño”, ha puntualizado.

Por otro lado, ha incidido en la crítica del equipo de gobierno relativa a que el alcalde está siendo víctima de una campaña política: “Esta complicación que se la ha buscado García Urbano solo, no se la ha buscado nadie ni nadie le ha forzado. Está claro que él solo se ha metido en este embrollo y él solo va a tener que salir de alguna forma”, ha apostillado.

Por su parte, el concejal no adscrito, Antonio Benítez, ha considerado que “no hay ningún motivo para pedir la dimisión” de García Urbano, remarcando que el alcalde popular está desarrollando “una gestión ejemplar” y que “el municipio funciona con normalidad”, en el que se han aprobado los “presupuestos” y “se están haciendo bastantes cosas”.

Benítez ha abogado por “esperar a que el procedimiento judicial termine y esclarezca lo que ha ocurrido” hasta que haya una “sentencia firme”, así como por “respetar la presunción de inocencia” del alcalde.

En cuanto a la devolución de las cantidades que percibió la mujer, ha valorado que “lo más razonable es que se ponga ese dinero, que debería de hacer este cargo de confianza si no ha hecho su trabajo o no ha ido al Ayuntamiento”.