La Axarquía: más casas, más coches y más negocios sin salir de la pobreza oficial
La edificación en rústico ha crecido un 90%, el negocio inmobiliario un 556% y el parque móvil un 173%, pero la renta declarada sólo alcanza la media andaluza en dos pueblos
Los 31 municipios de la Axarquía cuentan con 21.648 casas dispersas en suelo rústico. Sólo 8.128 tienen más de 20 años. La mayoría se han construido en última década, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria pero también en el periodo en el que los ayuntamientos carecían de planes de ordenación urbana. Rafael Yus y Miguel Ángel Torres, del Gabinete de Estudios de la Naturaleza (GENA-Ecologistas en Acción) han publicado un estudio sobre el Urbanismo difuso en suelo rústico en el que analizan la corrupción y el deterioro socio ambiental que ha generado el boom de la construcción en la Axarquía.
De acuerdo con los datos que manejan los autores -todos oficiales- el crecimiento de lo que denominan urbanismo difuso, o sea casas diseminadas en suelo rústico, ha sido del 90% en las últimas dos décadas, aunque el fenómeno en la Axarquía se ha concentrado sobre todo a partir de 2000. En este sentido destacan La Viñuela con un crecimiento del 425% entre 1995 y 2007, seguido de Alcaucín (260%), Arenas (166%), Salares (148%), Archez (133%) y Colmenar (132%).
El informe destaca cómo el negocio del ladrillo que durante lustros se ha visto como un rey Midas capaz de convertir en oro unos terrenos hasta entonces destinados a una agricultura minifundista, poco competitiva y costosa, en realidad no ha revertido en desarrollo social, sino en desgaste del medio ambiente y del patrimonio rural. Este proceso ha implicado signos aparentes de prosperidad: tan sólo entre 2004 y 2008 se realizaron 26.544 transacciones de inmobiliarias en la comarca. En 2008 había 3.067 negocios dedicados a la compraventa de casas (un 556% más que diez años antes) y el número de constructoras era de 1.912, un 173%. Si se siguen a pie juntillas las estadísticas todos los mayores de edad tienen más de un coche. En 2008 la comarca tenía 198.357 habitantes (un 40% más que diez años antes) mientras que el parque automovilístico era de 123.745 vehículos, tras experimentar un crecimiento del 138%.
Este presumible éxito choca de bruces con el desempleo. En marzo de 2009 se contabilizaban en la comarca 17.647 personas sin trabajo, un 164% más que en 1999. Si se elude el impacto de la crisis inmobiliaria, también se aprecia que el empleo no ha corrido parejo al resto de los indicadores de consumo. Así, en 2007, en plena vorágine inmobiliaria, la cifra de parados era un 10% mayor que la década anterior.
Este contraste entre los signos de prosperidad y el desarrollo es aún más abrumador si se compara con la renta personal y familiar que sepulta esta comarca en uno de los índices más bajos de Andalucía. La media andaluza se sitúa en 14.000 euros anuales de renta familiar. Sin embargo, sólo Vélez y Rincón alcanzan este promedio, todos los demás están por debajo. En siete municipios es de 7.000 euros y hay casos extremos como Salares donde desciende a 5.827 euros.
Yus y Torres entienden que la desproporción entre ingresos declarados y otros parámetros (transacción de viviendas, especulación sobre el suelo, parque móvil, edificación) "pone en evidencia que gran parte de la población vive de ingresos ocasionales no reglados", o sea de la economía sumergida. Por eso "no se entiende que en Cómpeta o en Alcaucín sólo declaren sus ingresos una de cada tres personas". La actividad inmobiliaria, evidentemente, ha originado grandes plusvalías pero han sido incapaces de diversificar el tejido productivo "posiblemente por la rapidez y magnitud de las revalorizaciones" del suelo. Entonces, ¿a dónde fue a parar el dinero del ladrillo? A nuevas operaciones especulativas, según los autores del estudio.
Otra cuestión es por qué este negocio ha crecido entre "grandes dosis de ilegalidades urbanísticas que han invitado al desarrollo de la economía sumergida". Aquí juegan un papel fundamental una opinión tan favorable como generalizada del bienestar que presumiblemente reporta la construcción, la ambigüedad jurídica y la laxitud de los controles urbanísticos. El elemento clave es la presión especulativa. Rafael Yuste y Miguel Ángel Torres han estimado en 11.500 millones el valor hipotético del suelo rústico no edificado en la Axarquía. Si de las 123.009 parcelas rurales existentes se extraen las ya edificadas y se restan el 50% porque supuestamente no cumplirían determinados parámetros de mercado, el valor de las restantes, a precios de 2008, y si se permitiera su desarrollo alcanzaría los 11.500 millones.
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