Baile de cifras en el seno de Limasa

El baile de cifras que se maneja en las últimas semanas en la empresa mixta de limpieza Limasa hace casi imposible entender qué impacto real tendrá sobre el presupuesto anual la aplicación de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8, dictada el pasado viernes y que da la razón a los trabajadores en cuanto a que el único convenio colectivo vigente será el de 2010-2012 a partir del 1 de enero y mientras no se firme uno nuevo. Nadie se atreve ahora a dar una cantidad porque ni siquiera la sociedad, de la que forma parte el Ayuntamiento de la capital, sabe con exactitud el alcance de la resolución judicial, aunque a grandes rasgos se calcula que su aplicación supondrá un sobrecoste para las arcas municipales de entre seis y ocho millones de euros.

Lo dijo ayer el propio concejal de Sostenibilidad Medioambiental en el Consistorio malagueño, Raúl Jiménez, a pesar de que los servicios jurídicos de Limasa aún están estudiando la sentencia que ha motivado que los trabajadores desconvoquen la huelga que estaba previsto que comenzara ayer. El problema ahora es que, a pesar de que el edil aseguró no cuestionar el fallo, no queda claro a la empresa su contenido puesto que "el juez no habla en ella de las condiciones de ningún convenio, sólo que el único vigente es el de 2010-2012".

Se refiere a que no la sociedad no sabe si habría que tener en cuenta en ese convenio, por ejemplo, las modificaciones adoptadas en 2012 en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) cuando estalló el primer conflicto, el laudo dictado por el árbitro designado por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Jesús Cruz Villalón, o los acuerdos que se llegaron adoptaron en 2013 ante la amenaza de huelga que hubo en Semana Santa.

Es la razón por la que Jiménez explicó que no se descarta la posibilidad de pedir una aclaración al juez para determinar cómo aplicar ese marco laboral a partir del 1 de enero del próximo año, ya que eso podría suponer una variación en el presupuesto aún por definir que iría entre los seis millones de euros en el mejor de los casos y los diez millones de euros en el peor escenario que tendría que aportar de más el Ayuntamiento de Málaga respecto a los 85,9 millones de euros previstos inicialmente como en estos últimos años.

Ese sobrecoste estaría derivado fundamentalmente de conceptos como la paga de productividad que deberían cobrar unos 1.300 trabajadores, y los descansos los fines de semana y las vacaciones en verano de los fijos que obligaría a la contratación de más eventuales para cubrir huecos en esas fechas. En el primer caso, y aunque los cálculos variarán según la lectura que se haga del fallo, restablecer el cobro de esta paga podría rondar los 1,5 millones de euros.

Además, por ejemplo, el hecho de que todos los trabajadores fijos se vayan de vacaciones entre junio y septiembre, y no durante todo el año de forma rotatoria como se ha hecho en los últimos dos años, supone otro desembolso de alrededor de tres millones de euros para contratar a eventuales que los suplan.

Pero el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, eludió ayer entrar a valorar cualquiera de estas cifras que varían cada día a medida que se van conociendo más detalles de un conflicto que, lejos de estar a las puertas de resolverse tras la desconvocatoria de la huelga, sigue más vivo que nunca. Previsiblemente hasta principios de años no vuelvan a reunirse empresa y comité para tratar de buscar una solución, aunque al menos el turrón se lo comerán todos tranquilamente este año.

Críticas de la oposición a posteriori

Todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Málaga exigieron ayer al alcalde, Francisco de la Torre, que establezca un marco laboral "estable" que culmine en la municipalización de la empresa. El grupo municipal socialista quiso entrar ayer en el conflicto de Limasa le exigió además que no recurra la sentencia que da la razón a los trabajadores ni compense su cumplimiento con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Su portavoz, María Gámez, le instó a que "se ponga ya a negociar de verdad un acuerdo laboral estable" y que "acabe con los beneficios que se lleva la parte privada", como requisito para apoyar un incremento del presupuesto de la empresa para el año que viene. Sin embargo, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, criticó al PSOE por "haber estado desaparecido cuando estaba el conflicto de Limasa" y reclamó a Gámez que "defienda alguna vez a los malagueños, se quite el sombrero de sindicalista y coja el de concejala".