Coca Cola también tuvo su sede en Delaware

Delaware es un estado norteamericano tan minúsculo y aparentemente anodino que históricamente ha pasado desapercibido hasta que un día, hace ahora cinco años, la investigación del caso Ballena Blanca lo llevó a los titulares de los medios de comunicación al equiparar la eficacia de su sistema legal al de los paraísos fiscales.

Casi 200 de las 500 sociedades que se gestionaban en el despacho de abogados de Fernando del Valle tenían su sede en esta zona de Estados Unidos. Los investigadores concluyeron que respondía al atractivo de beneficiarse de una regulación mercantil muy laxa sin tener que sufrir el estigma de figurar en la lista negra de los territorios offshore.

La existencia de las sociedades con sede en Delaware nunca ha sido discutida por el entorno del despacho de Del Valle. Evidentemente lo que nunca han compartido con la acusación es que el recurso a este estado de Estados Unidos tuviera gato encerrado.

Una de las pruebas planteadas ayer por los abogados de la defensa es un informe que trata de despejar las dudas sobre las mercantiles con sede en este estado norteamericano. No en vano, algún abogado se refería jocoso a que también Coca Cola tiene sede en Delaware y hasta ahora "nadie ha sospechado que se dedique a blanquear dinero" -aunque la sede central y fundacional de Coca Cola está en Atlanta desde 1886, en 1919 empresarios de Delaware compraron la firma-.

La mayoría de los abogados aportaron informes o pruebas para tratar de justificar la procedencia ilegal de los fondos manejados en el despacho del abogado marbellí. En este sentido, el abogado José Antonio Choclán, que defiende al finlandés Aki Kujala, reclamó que se pidan comisiones rogatorias a las Islas Vírgenes y al Liechenstein para determinar la titularidad de los fondos que se gestionaron a través de Royal Marbella Estates. En el mismo sentido, el letrado Javier Sepúlveda reclamó que se aportaran informes patrimoniales de las familias de sus defendidos, Otham Soussi y Ghali Lamrani, para apoyar que el dinero que se dice que es de procedencia ilegal en realidad eran recursos familiares.

Los abogados también exigieron poder tener acceso a la documentación intervenida durante el procedimiento en los diferentes registros que presumiblemente no estuvo a disposición de las partes durante la instrucción. El abogado Francisco José Ruiz, que representa a Germán Pastushenko indicó que el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella nunca le proporcionó parte de las piezas de convicción porque no estaban localizables ni ordenadas.

La exposición de las cuestiones previas y la petición de pruebas han consumido las tres sesiones de la primera semana de juicio del caso Ballena Blanca. El próximo lunes el tribunal previsiblemente se pronunciará sobre algunos de estos aspectos sin que aún se sepa cuándo comenzarán las declaraciones.