Condenan a los dueños de un concesionario de Torremolinos por una macroestafa a 159 compradores de coches usados

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a los dos administradores del grupo empresarial Autos Gariol con sede en Torremolinos a dos penas de 10 meses de prisión a cada uno por delitos continuados de estafa impropia y agravada, falsedad y apropiación indebida. El tribunal considera probado que los acusados engañaron a los compradores de 159 vehículos que los adquirieron sin conocer que los coches arrastraban deudas pendientes de pago. Los delincuentes han visto reducida las penas por la dilación indebida de todo el proceso. La investigación comenzó en 2008 y ha sido ahora, 14 años después, cuando la justicia ha sido capaz de celebrar el juicio y dictar la sentencia.

La resolución del caso es firme ya que los dos condenados, José Luis Viteri Achaga y Cristóbal Garrido Oliva, han dado su conformidad a la pena que se les ha impuesto. Los hechos probados recogen que los delincuentes "se dedicaron a suscribir varios contratos de préstamos de financiación a comprador, para la adquisición de distintos automóviles " con casi una veintena de entidades de financiación, tanto de crédito como de algunas marcas de turismo. Posteriormente, los citados en representación de las empresas Autos Aragón, Paz y López S.L., Viteri-Garrido S.L. y motor Bahía Sur S.L, "sin haber hecho el completo pago del préstamo de financiación" formalizaron contratos de compraventa con los nuevos propietarios en los que "se hacía constar que el coche se vendía libre de cargas y/o gravamen, incorporando con ánimo de lucro, al patrimonio social o propio, el importe obtenido con cada venta efectuada". Los estafados, confiados en el nombre de la empresa, muy conocida en Torremolinos, abonaban el precio en la creencia de que el vehículo era propiedad del vendedor y tomaban posesión del mismo sin saber que arrastraban una deuda y no podían inscribirlos en Tráfico.

El tribunal detalla que ante las quejas de los compradores, los acusados, a fin de aparentar que todo había sido legal y que sólo era cuestión de tiempo formalizar la nueva titularidad, "entregaron a las víctimas, en unas ocasiones, contratos de arrendamiento de vehículo ficticios" para que creyeran que podían circular sin problemas y en otras justificantes profesionales que ellos rellenaban para que creyeran que la transferencia con toda la documentación estaría solucionado en un plazo máximo de 60 días. Y concluido el mismo volvían a emitir otro volante. La Audiencia malagueña estima probado que los propietarios de la red de concesionarios no destinaron el dinero de la operación de venta a pagar las deudas por lo que era imposible que los dueños pudieran poner el coche a su nombre.

El tribunal detalla uno a uno los casos de todos los estafados. Con el precio de compra de cada vehículo, de 5.000 a 61.000 euros y una acotación generalizada: "sin haber podido transferir la titularidad del mismo en Jefatura Provincial de Tráfico". Hay coches de segunda mano de todo tipo. Pero muchos de alta gama, Mercedes, Audi, Mini Cooper, BMV, incluso un Jaguar. En la relación de casos llama la atención el último, el 159: "A. D., quien dejó el 4 de septiembre de 2008 depositado en el taller de Autos Gariol de Benalmádena, el vehículo de su propiedad" para que fuera reparado "siendo la fecha de recogida el 15 de septiembre" pero los acusados procedieron "con ánimo de ilícito beneficio, a incorporarlo a su patrimonio sin devolverlo a su propietario". No hay tasación de lo que valía el turismo, pero superaba los 400 euros.

La sentencia, además, impone como responsabilidad civil el pago "en la cantidad que

se acredite pericialmente" del valor que tenga cada coche en la actualidad. También les obliga a una indemnización que suma más de 82.000 euros, en concreto, a media docena de perjudicados.

El tribunal aprecia "la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada que contempla el código penal y se limita a compartir "el pesar por el tiempo transcurrido en la tramitación" de las actuaciones que expresó durante el juicio uno de los abogados. La Justicia ha empleado 14 años en resolver este asunto. Fuentes cercanas a algunos de los perjudicados señalan que entre las víctimas había extranjeros que ya no viven en la Costa.