Cuando las cosas vienen mal dadas, ya sea en forma de crisis económica o de credibilidad, la clase política se convierte en objeto de escrutinio. Ahora, cuando la pandemia del coronavirus ha forzado a las empresas a cesar su actividad y a despedir temporalmente a miles de trabajadores, la lupa vuelve a cernirse sobre estos mismos representantes de lo público.

Y sin embargo, en el actual tiempo de incertidumbre y de esfuerzo generalizado, son muchos los políticos que dan un paso al frente y asumen la renuncia a parte de los salarios que reciben mensualmente. Un ejemplo especialmente apreciable en el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento andaluz.

Mientras, en el escenario más local la posible adopción de medidas de esta naturaleza sigue quedando en el aire. Desde los dos principales partidos políticos, el PSOE y el PP, coinciden en dar libertad a los ayuntamientos para que adopten las decisiones que consideren oportunas. "Aquellos cargos públicos que no cobran dietas ni tienen gastos de manutención porque su trabajo es en la provincia donarán lo que voluntariamente consideren", exponían desde la formación socialista.

En el caso de los populares, aluden a la necesidad de que se determinen unas "directrices" a nivel nacional bien por parte del Gobierno central bien por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). "La posición del PP es que cada ayuntamiento puede hacer lo que considere oportuno, pero entendemos que debería haber una directriz nacional; si la hay, los ayuntamientos deberían aplicarla", indicaron desde la formación. No obstante, ya hay ejemplos prácticos, como el protagonizado por los ediles populares en Ronda, que han decidido donar un 20% de sus salarios a entidades sociales.

Concejales del PP de Ronda donan un 20% de sus salarios a entidades sociales

Donde es más evidente el gesto económico es en las cámaras de rango regional y nacional. En el caso del Congreso, ya es pública la decisión de los cuatro diputados nacionales y de los tres senadores del PSOE de destinar los 1.959 euros que han recibido por pertenecer a una circunscripción que no es Madrid. 

En el caso del PP, la decisión está pendiente de ser concretada, aunque la pretensión de la dirección nacional pasa por la de crear un fondo de más de 250.000 euros para ayuda a mayores y personal sanitario que trabaja para paliar los efectos del coronavirus. Lo que queda por precisar es el modo en que los tres diputados y la única senadora por Málaga de esta formación materializan esa asignación. En cualquier caso se da por hecho.

"Todos tenemos que apoyar en un momento como el actual", defiende el diputado popular Mario Cortés, quien incide que el PP, "como cualquier otra organización de personas también lo va a hacer". Para destacar la incidencia del gesto, recuerda que hay muchos diputados que por su labor en Madrid ya tenían hoteles o viviendas contratadas. "Al final sale de nuestro salario", expone. 

Y en Ciudadanos, según indicaron, se da libertad para que quien lo considere realice donaciones". Uno de los que lo ha hecho es Guillermo Díaz, diputado en Madrid, quien confirmó a este periódico la donación a una entidad malagueña de la parte de la asignación del pasado marzo que no utilizó y su pretensión de hacer lo propio con la de abril si llega a ingresarla.

A lo que no parece que vayan a renunciar los diputados y senadores es a los complementos que les corresponden por asumir alguna responsabilidad añadida en el marco de las diferentes comisiones existentes. Una labor que se traduce en unos ingresos que van desde los 756,27 euros (portavoz adjunto de una comisión) hasta los 1.551,58 euros de un presidente de comisión. De los once diputados malagueños, diez (sin contar al ministro de Consumo), disponen de alguno de estos complementos. Una situación ampliable a los cuatro senadores.

¿Qué ocurre en el caso del Parlamento andaluz? La decisión adoptada por la cámara se limitaba inicialmente a la eliminación de la dieta por desplazamiento, de 0,25 euros por kilómetro. Pero los dos grandes partidos, junto a Adelante, dan un paso más y optan por ampliar esa renuncia a la aportación que reciben sus representantes en función de la distancia de la provincia. Ello aplicado a Málaga supone unos 340 euros semanales, o lo que es lo mismo, 1.360 mensuales.

Los representantes regionales tienen un salario mensual bruto de 3.197,58 euros, que complementan con otras asignaciones por formar parte de las comisiones parlamentarias. De los 17 representantes por Málaga hay doce que perciben 519,90 euros mensuales por ser presidentes de comisión o portavoces; otro es portavoz adjunto de su grupo parlamentario, lo que le reporta 982,55 euros, y hay una vicepresidenta de la Mesa del Parlamento, con una asignación de 1.134,40 euros.