Cuestión de CONFIANZA

EL próximo martes día 31 es la fecha elegida para que, con toda probabilidad, el Gobierno andaluz anuncie, casi al completo, la nueva estructura periférica de la administración regional en las ocho provincias de la comunidad autónoma, que entre otras características reducirá el número de delegados provinciales de 11 a seis y que supone el segundo intento, el anterior quedó frustrado, del presidente José Antonio Griñán de profesionalizar esta estructura, al tiempo que racionalizarla y, supuestamente, reducir su coste económico. Un trabajo que se ha prolongado demasiado en el tiempo, las elecciones se celebraron hace cuatro meses, debido, para unos, a la complejidad jurídica de la reforma planteada, para otros, porque se ha utilizado como medio de presión para ganar o asegurar fidelidades durante el proceso congresual vivido en el seno del PSOE, y del que todavía queda pendiente la renovación del entramado de las agrupaciones locales.

Sin embargo, la todavía non nata estructura administrativa de la Junta de Andalucía ya se ha convertido esta pasada semana en el elemento principal de confrontación entre populares y socialistas, no sólo por la reiterada denuncia del PP de la que consideran inexplicable situación de paralización en la gestión autonómica, otras tantas veces negada desde las filas del PSOE, sino también, en el caso de Málaga, por la filtración de una lista que clasifica a los funcionarios de la Junta en Málaga en función de su cercanía con el PSOE, que ha originado una denuncia en la Inspección General de Servicios de la Junta por parte del sindicato CSI-F, que cree que se puede estar ante una posible discriminación de los empleados públicos por razones ideológicas.

Una filtración, fruto de una torpeza que, al parecer, raya en lo cómico, a la que la dirección del PP malagueño se ha aferrado para zurrar a sus principales opositores, han pedido la comparecencia de Griñán en sede parlamentaria para que explique los hechos y que, como reconocen en fuentes socialistas, el PSOE hubiese seguido por el mismo camino en el caso de que los fontaneros hubieran sido los populares. Una situación que vuelve a poner sobre el tapete la doble moral con la que, a veces, actúan los políticos para desarrollar las estrategias que les convienen y que es uno de los motivos del "hartazgo" que sienten los ciudadanos y que reflejan claramente las encuestas.

Tras la elaboración de la supuesta lista de patanegras, como la denominan los populares, podría estar la intención de los pensantes de la administración andaluza de poner orden entre la nómina del personal de confianza, compuesta por militantes del PSOE, simpatizantes de esta formación, o simples profesionales, que trabajan al servicio de la Junta y que ha alcanzado un volumen incontrolado. Una situación que se puso de relieve cuando, durante la pasada campaña electoral, la dirección del PSOE de Málaga, en el transcurso de una reunión convocada para este personal, se percató de que más de la mitad de los presentes eran auténticos desconocidos.

Ahora que con la nueva estructura administrativa habrá nuevos coordinadores y gestores de recursos de las delegaciones territoriales, para compensar la falta de delegados, parece lógico pensar en técnicos de cualquier administración, no solo de la Junta, pero con un claro perfil de apoyo al proyecto político que se pretende desarrollar. Una situación que por otra parte evitaría los conocidos casos de altos cargos que se empeñan en ponerle la proa a la gestión de los responsables políticos de turno, haciendo su labor imposible.

En definitiva, parece, que al margen de las malas formas empleadas, se trata de formar equipos de confianza que contribuyan a la mejora de la gestión, cuya quiniela de nombres, en el caso de Málaga, ya ha sido desvelada por los medios de comunicación y en la que probablemente figurará Marta Rueda, cuyo nivel de confianza no parece que se verá afectado por el escándalo de la semana.