David Valadez, uno de los exconcejales socialistas del Ayuntamiento de Estepona que tiró de la manta en 2006 para destapar el caso Astapa, sobre la presunta trama de corrupción política y urbanística en el municipio, lamenta la lentitud de la justicia española, que en su opinión "ampara" a los culpables.

El pasado mes de enero comenzó en la Audiencia Provincial de Málaga el macrojuicio del caso Astapa, con 50 personas acusadas, dieciséis años después de que se abriera el procedimiento, con las cuestiones previas.

"Lo que ha ocurrido con el caso Astapa es sorprendente al tiempo que lamentable, y el mensaje que se traslada a cualquiera que esté presenciando una trama de corrupción es absolutamente desalentador y descorazonador", afirma Valadez en una entrevista con EFE.

Más de 15 años de espera

Hasta ahora no había querido hablar, pero tras el inicio del juicio considera que es "el momento de romper ese silencio autoimpuesto" y contar lo que pasó.

Valadez, que esta semana ha declarado como testigo, está satisfecho porque llevaba 17 años esperando para testificar, pero al mismo tiempo se encuentra "muy decepcionado e incluso avergonzado con el funcionamiento de la administración de justicia".

La desazón que le provoca un proceso que ha durado más de tres lustros le lleva a asegurar que, "sin lugar a dudas, no volvería a presentar la denuncia" y tampoco animaría a otros a denunciar la corrupción.

"Era más joven y seguramente pequé de ingenuidad, creyendo que el sistema judicial y el propio Ministerio del Interior iban a respaldarme", recuerda el exedil, que cuando se incorporó a la corporación municipal tenía poco más de 20 años.

Denuncia en la UDEF

Valadez fue concejal por primera vez en 2003 y "como consecuencia de lo que estaba sucediendo", precisa, dimitió en 2005 de los consejos de administración de las empresas municipales de las que formaba parte y en 2006 acudió a Madrid para tramitar una denuncia por presunta corrupción ante la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) junto a su compañera, Cristina Rodríguez.

"Yo le diría -indica sobre quien se plantee alzar la voz en un tema parecido- que si no quiere arruinarse la vida, lo que tiene que hacer es presentar su dimisión y marcharse porque desgraciadamente el sistema, tal como está estructurado, permite que aquellas personas que han tenido este tipo de comportamiento salgan respaldadas y refrendadas en perjuicio de quienes son honestas y honradas".

En su etapa como concejales, explica Valadez, él y Rodríguez observaron situaciones que les hicieron sentir muy incómodos y recibieron presiones para aprobar "dudosos" convenios urbanísticos por parte de, entre otros, José Flores, el entonces jefe de gabinete del exalcalde socialista Antonio Barrientos, ambos imputados en la causa.

"Asisto a una campaña electoral en la que, entre otras cuestiones, veo al entonces alcalde, candidato a la reelección y secretario general del PSOE en Estepona, repartir billetes de 500 euros a algunas personas en la barriada Solís", relata Valadez.

"Veo cómo se financian actuaciones musicales de grupos como si fuésemos un partido a nivel nacional, donde los billetes de 500 euros parecía que caían de canto en la sede de la formación política sin que a nadie le supusiese ningún tipo de sospecha", añade.

"Colectivos sociales, asociaciones vecinales, entidades deportivas y hasta las hermandades se financiaban con dinero en metálico procedente del urbanismo, al margen de cualquier tipo de control" del Ayuntamiento, asegura.

Puestos a dedo

Por otro lado, afirma, "cientos de personas accedían a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Estepona sin que hubiese ningún tipo de proceso selectivo. Ni se olía la igualdad, el mérito o la capacidad", denuncia.

"La conclusión es muy clara, si hay un empresario que está financiando al margen del Ayuntamiento determinadas actividades es porque va a obtener algún tipo de contraprestación", indica Valadez, que era eso lo que quería que investigase la UDEF.

Asevera que él y Rodríguez denunciaron esta situación en el seno de los socialistas, pero el partido les "ignoró sistemáticamente" y les "desautorizó de manera explícita".

Lo peor, añade, es que "desde el PSOE provincial respaldaban explícitamente al entonces alcalde, entre otras cuestiones porque las encuestas electorales eran muy propicias y garantizaban que se iba a seguir gobernando la ciudad de Estepona".

Al amparo de urbanismo

David Valadez explica que en estos años ha recibido 18 citaciones, entre denuncias, querellas y recursos, que "felizmente se han archivado", y que le han intentado arruinar la vida "por cielo, mar y tierra".

"Se nos ha perseguido, se nos ha insultado y se nos ha difamado con la única finalidad de desautorizar nuestra testifical y así restarle credibilidad en la instrucción que se estaba realizando", sostiene el exconcejal.

La presión ha sido tal, asegura, que en alguna ocasión se ha planteado mudarse de Estepona, pero ha desechado la idea porque los "corruptos", agrega, han seguido residiendo allí, así que no había razón para que lo hiciera él.