El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, trabaja ya en la operación mediante la que hacerse con los terrenos portuarios en los que anhela se levante el Auditorio de la Música. Tras admitir la necesidad legal de compensa al Puerto de la ciudad por la entrega de la parcela, de unos 40.000 metros cuadrados, ha demandado a la Gerencia de Urbanismo la búsqueda de potenciales pastillas de uso logístico con los que responder a la demanda de expansión del organismo portuario.

Este paso adelante tiene lugar después de que el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, mantuviese un encuentro con el regidor en el que abrió la puerta a entregar el espacio sobre el que se dibuja el equipamiento cultural, aunque fijando como condición el disponer de unos terrenos equivalentes en los que poder desarrollar la actividad comercial que se vería afectada.

Una solución que fue validada por De la Torre, quien durante años ha insistido en la entrega del solar, localizado en la plataforma de El Bulto, de manera gratuita a la ciudad. "Hay algunas conversaciones para pegar una solución definitiva a este asunto”, explicaron a Málaga Hoy fuentes municipales, que incidieron en que en esas conversaciones "se está hablando de algunas posibles localizaciones con las que poder hacer esa contraoferta".

Dos de los emplazamientos sugeridos desde el Puerto fueron Los Prados y Sánchez Blanca, localizaciones que tienen como principal ventaja el estar situadas cerca del acceso ferroviario a la capital. Las fuentes apuntaron que a éstas se suman otras opciones abiertas al análisis y al estudio de las partes. "Se están haciendo tanteos", indicaron.

En la hoja de ruta ahora dispuesta, que puede allanar definitivamente el camino para sentar las bases del futuro proyecto del Auditorio, es clave el acuerdo en materia de tasación de los terrenos. Los números oficialmente manejados por el Puerto para el suelo de San Andrés sitúan su valor en unos 9,6 millones de euros, aunque se trata de una tasación realizada en 2014, cuando el espacio revirtió a manos del ente ahora presidido por Rubio en calidad de patrimonial. Es por tanto una cifra que habrá de ser actualizada.

Rubio confirmó los contactos con el Ayuntamiento en relación con los terrenos logísticos. "Sé que el alcalde, a la vista de lo que hemos hablado, ha emplazado a Urbanismo a que busque alternativas, pero no sabemos nada más porque esto es muy reciente", expuso.

A falta de una mayor concreción en los estudios que hagan las dos administraciones, sí fue claro al subrayar que las necesidades del Puerto pasan por disponer de la misma superficie logística que se vería afectada por el proyecto cultural. Y eso implica una superficie de unos 40.000 metros cuadrados. No obstante, admitió que la extensión final estará supeditada a la valoración que se haga y sea acordada. Una cuestión que no es menor, por cuando fue claro a que cualquier acuerdo para la entrega a la ciudad del terreno requerirá de los informes favorables de Puertos del Estado.

No es la única actuación con la que el Puerto quiere mejorar sus capacidad de competir en material empresarial. Otra de las iniciativas que es objeto de estudio pasa por ampliar el muelle de pescadería, lo que podría suponer una inversión de unos 20 millones de euros y con la que se pretende disponer a medio plazo de unas diez hectáreas más de espacio para el asentamiento de mercancías y carpas.

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, por su parte, sí admitió la existencia de contactos con el Puerto ante el interés del organismo por encontrar posibles emplazamientos logísticos fuera del recinto actual. Aunque inicialmente no lo relacionó con el tema del Auditorio, admitió que se trata de dos acciones que pueden quedar ligadas. "Estamos intentando ver diferentes ubicaciones que puedan venirle bien al Puerto", dijo.

De la Torre ha hecho del Auditorio una apuesta personal. Muestra de ello es que tras el fracaso del consorcio creado para la construcción del equipamiento, disuelto por el Gobierno central en mayo de 2014, es directamente el regidor el que trata de reactivar la maquinaria administrativa para recuperar la iniciativa. Para ello, vuelve a reclamar el acuerdo de todos los actores públicos con el fin de ir adelante con la ejecución de una actuación cuyo presupuesto se estima en unos 100 millones de euros (incluyendo aparcamientos y reurbanización del entorno). Pero es sabedor de que para poder posicionarse con firmeza en su reclamación, debe disponer de lo esencial: el terreno.