Desescalada Málaga: El Ayuntamiento se topa con el impedimento legal para aplicar ciertas bonificaciones fiscales

La voluntad política expresada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de adoptar una serie de medidas con las que eximir total o parcialmente del pago de tasas a actividades particularmente afectadas por la crisis sanitaria del coronavirus se topa con problemas jurídicos de difícil resolución. De hecho, a día de hoy, aunque los responsables municipales tratan de buscar vías alternativas, el Ayuntamiento parece atado de pies y manos a la hora de poder aplicar las bonificaciones contempladas a sectores como el de los hosteleros, los feriantes, los puestos de venta ambulante o los quioscos.

Así lo confirmó a este periódico la concejal de Comercio, Elisa Pérez de Siles, que habló de la enorme dificultad a la que se enfrenta el Consistorio a la hora de ir adelante con estas medidas. Una de las líneas manejadas por el equipo de gobierno era la de amoldar el cobro de las tasas a las que están obligados a los grados de apertura parciales que están siendo autorizados por el Gobierno central dentro del actual estado de alarma.

A modo de ejemplo, si los bares y restaurantes de la ciudad solo han podido reactivar sus negocios con la instalación de un 50% de sus terrazas (efectiva desde hace dos semanas), el plan municipal era el de reducir a ese mismo porcentaje la carga tributaria. Sin embargo, los informes jurídicos anulan esta posibilidad.

Conforme al escenario legal actual, según indicaron desde el Ayuntamiento, la única manera de aprobar reducciones en las tasas y los cánones es que el Ministerio de Hacienda, tal y como le reclamó meses atrás De la Torre a la ministra del ramo, María Jesús Montero, flexibiliza las condiciones impuestas en la Ley General Tributaria. Un paso que, por el momento, se resiste a dar. En caso contrario, la normativa da la opción a los consistorios a aprobar modificaciones de sus ordenanzas fiscales. El problema es que la tramitación que ello requiere es de meses, sin que sea factible darle carácter retroactivo a las medidas.

Todos estos elementos dan idea de la complejidad del asunto. Pérez de Siles, que pone de relieve que su área y Gestrisam siguen trabajando en la búsqueda de soluciones, explicó incluso que el informe emitido por Intervención a la propuesta inicial del Ayuntamiento de bonificar a los quioscos es contrario. "Justificábamos la propuesta en que casi no se vende ya prensa; pero lo que nos dice el interventor es que los quioscos pueden abrir porque el decreto de alarma considera de primera necesidad a la prensa, con lo que legalmente no se puede aplicar esa bonificación", resume.

Esta misma semana la edil de Comercio mantuvo una reunión con la asociación de feriantes. "Estaban muy preocupados porque si no se celebran ferias no cobran y no pueden desarrollar su actividad; si no se hacen las ferias mal, pero es que si se hacen también mal, porque al final ellos pagan un canon anual por el montaje en Cortijo de Torres y el plan de aprovechamiento del Centro. Si fuese posible la Feria será distinta a la normal, con lo que a priori no podrán tener ni el mismo porcentaje de actividad ni será la misma la clientela; los números no les salen salvo que el Ayuntamiento anule el canon", dijo.

Y este es un paso que tampoco puede darse. "Necesitamos que el Gobierno apruebe flexibilizar la Ley Tributaria; lo que te dicen es que en el momento en que se reinicia una actividad el Ayuntamiento tiene que empezar a liquidar los impuestos. Y nosotros decimos que sí, pero advertimos que esos negocios no están a plena actividad, sino que lo hacen a un 30%, por ejemplo".

Otro caso cierto, el de la venta ambulante. Los empresarios de los mercadillos, dentro de la fase 1, solo han podido instalar el 25% de los puestos. Pero es que en muchos de los espacios ni se alcanza ese porcentaje porque a muchos no les sale rentable reiniciar la actividad con una demanda aún baja. "Ahora mismo no les estamos cobrando la tasa porque no hay actividad, pero lo que me dice la ley es que en el momento en que esos empresarios reanuden tengo la obligación de cobrar la tasa íntegra", arguye.

Para sustanciar esta realidad, el Ayuntamiento dispone de un informe de los tesoreros en el que se analizan los anuncios realizados por muchos ayuntamientos sobre la intención de aplicar exenciones fiscales o no cobrar tasas. "Estamos todos viendo de qué manera se le da la vuelta a los problemas que nos encontramos, pero es muy complicado", incide.