"Gregorio Guerra me agobiaba para que pagara 20 millones"

El promotor José Burgos admitió ayer que acudió a la Policía "porque me estaba agobiando Gregorio Guerra [concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande] para que pagara 20 millones de pesetas por una licencia de obras que me había concedido". El testigo indicó que se puso en contacto con un miembro de la Udyco a través de un amigo común y que el investigador le sugirió que acudiera a la Comisaría a interponer una denuncia. A partir de ese momento gozó del estatuto de testigo protegido, aunque ayer sugirió que no fue a petición suya. La denuncia de José Burgos propició que el Juzgado de Instrucción número 2 de Coín ordenara intervenir el teléfono de Gregorio Guerra y que el promotor acudiera a varias entrevistas con el concejal de Urbanismo con un sistema oculto de grabación.

El denunciante explicó que había comprado una parcela junto a un socio en la que inicialmente se podían edificar cinco viviendas, aunque tanto el vendedor como su arquitecto le indicaron que podría levantar 14. Pidió la licencia de obras y el Ayuntamiento la denegó. "Presentó siete u ocho escritos", matizó el testigo para dar cuenta de su insistencia. En mes de marzo de 2006 contactó con el alcalde, Juan Martín Serón (PP). "Me dijo que no me preocupara que iba a intentar darla". El 24 de abril de 2006 obtuvo el permiso para edificar 13 pisos y un apartamento en la finca.

La supuesta extorsión tuvo lugar a pesar de que el Ayuntamiento ya había expedido la licencia. En este aspecto el testigo bailó ayer algunas fechas. En la denuncia dijo que el concejal de Urbanismo había comenzado a pedirle el dinero antes de aprobar la licencia y que siguió después. Ayer afirmó que sólo lo hizo una vez expedido el permiso de edificación. Un mes después de obtener el permiso, vendió el terreno, pero Gregorio Guerra "me seguía atosigando", añadió. En todo caso el dinero siempre se lo pedía el concejal en su despacho oficial, según su declaración.

También aseguró que desde el primer día le expuso que el pago se debía realizar a través de Conextram, una empresa que ejecutaba varios trabajos públicos en el municipio. No obstante, el nombre de esta empresa sólo apareció en la última grabación, realizada en enero de 2007 y que motivó la detención de los sospechosos. La idea, de acuerdo con la versión del testigo, era que entregara los 120.000 euros a Conextram y que la empresa le entregaría a cambio no una factura, sino "un recibí". En su opinión todos los promotores interesados en mover un ladrillo en Alhaurín el Grande debían "pagar el impuesto revolucionario".

El letrado Pedro Apalategui, defensor del edil Gregorio Guerra y que ayer también se encargó de la defensa de Juan Martín Serón, planteó que entre el alcalde de Alhaurín el Grande y el principal testigo del caso Troya subyace una enemistad que ya condujo a José Burgos a presentar una demanda por el honor contra Juan Martín Serón. Recordó que el empresario ha sido condenado por obstrucción a la Justicia y completó el ataque a su fiabilidad preguntando por qué asistió a la sesión del juicio celebrada el pasado 14 de octubre, hecho que, dada su condición de testigo, le estaba vedado. Respondió que porque aún no había sido citado.

Finalmente, la defensa planteó que de las conversaciones grabadas entre el concejal de Urbanismo y José Burgos lo único que se puede deducir es que se estaba negociando una contraprestación municipal, no personal. Aludió a que se exigían 120.000 euros para afrontar suministros y servicios públicos. El testigo afirmó que eso era "falso".