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El Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) acaba de sacar a concurso el contrato para la inspección de las barriadas integradas por viviendas públicas de titularidad municipal. El presupuesto del servicio asciende a casi 600.000 euros y su extensión es de tres años. La principal tarea a desarrollar por el adjudicatario, que sustituirá a Inspecciones Fernando Martí, será controlar e informar de las ocupaciones ilegales que suelen producirse en este tipo de promociones, así como inspeccionar su estado.
"Una de las finalidades es asegurarnos de que las casas son ocupadas de forma correcta, que éstos se comporten adecuadamente y que no vivan en los pisos más gente que la que debe", señaló el gerente adjunto del IMV, José María Cerezo, quien alude a casos en los que los propios adjudicatarios alquilan los pisos o las permitan por otras.
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