Municipal

Intervención avala la municipalización de Limasa por ser 7,7 millones más barato

  • El coste actual del servicio, con una sociedad mixta, es de 100,3 millones; con una empresa totalmente pública sería de 92,6 millones 

  • Los trabajadores votarán este viernes la propuesta de nuevo convenio colectivo, clave para avanzar en el procedimiento

En primer plano, difuminados, Rafael Arjona, Francisco de la Torre y Teresa Porras; al fondo, el comité de empresa de Limasa. En primer plano, difuminados, Rafael Arjona, Francisco de la Torre y Teresa Porras; al fondo, el comité de empresa de Limasa.

En primer plano, difuminados, Rafael Arjona, Francisco de la Torre y Teresa Porras; al fondo, el comité de empresa de Limasa. / Javier Albiñana

A falta de lo que los alrededor de 1.600 trabajadores de Limasa decidan este viernes en asamblea respecto a la propuesta de nuevo convenio laboral, el camino para que la empresa de limpieza de Málaga pase a ser 100% municipal queda allanado. Tras ponerse las bases del mismo el pasado 12 de abril, con el acuerdo inicial por parte de la Junta de Gobierno Local, la tramitación avanza cara al Pleno de la semana que viene, en la que se dará luz verde a la actuación, después de que el interventor municipal haya emitido un informe favorable a la fórmula de municipalización.

De acuerdo con el contenido recogido en el documento, de apenas siete páginas, la Intervención sustancia su pronunciamiento en que la conversión a público del actual modelo de limpieza "es la fórmula más económica" para las arcas del Consistorio, estimándose un abaratamiento de unos 7,7 millones de euros respecto a la factura que en la actualidad representa una Limasa mixta. Asimismo, se concluye que en ningún caso traerá consigo un gasto superior al que actualmente supone la sociedad o una potencial empresa privada.

Para refrendar esta realidad, el informe contiene un análisis de los diferentes escenarios manejados en el seno de la Casona del Parque respecto al futuro del servicio. El coste actual de Limasa III, de la que el Ayuntamiento asume un 49% de la sociedad, mientras el 51% restante está en manos privadas, asciende a 100,3 millones; algo inferior, 97,2 millones, sería con un modelo en manos de una sociedad totalmente privada; de 93,5 millones si la gestión recayese en el Ayuntamiento, pero por medio de organismo autónomo, y de 92,6 millones si la gestión es asumida por una sociedad mercantil 100% propiedad del Consistorio.

Intervención destaca también que el actual nivel de endeudamiento de Limasa III, de algo más de 10 millones de euros, es perfectamente asumible para la Administración local. Más aún cuando el ritmo de solicitud de préstamos es de una media de 12 millones mientras que la amortización de deuda ronda entre los 50 y los 60 millones de euros. "Se puede llegar a entender que asumir por parte del grupo local la actual deuda de Limasa III se podrá cumplir con el objetivo de tener controlada la deuda viva por debajo del 75% de los ingresos corrientes liquidados en los ejercicios venideros", expone.

El avance final, no obstante, estará supeditado a que los trabajadores de Limasa den el visto bueno al nuevo convenio laboral propuesta y negociado en las últimas semanas entre el comité de empresa, el Ayuntamiento y la sociedad mixta. A falta de que se especifiquen los detalles de esta relación laboral, desde el equipo de gobierno del PP aseguraron semanas atrás que sigue la línea de la última propuesta realizada por el alcalde, Francisco de la Torre.

Y eso incluye un plan progresivo sobre el concepto de productividad. Así, el primer año el concepto, con 2.500 euros, no es variable; en el segundo, 1.000 euros sí se relacionan “exclusivamente” a absentismo, mientras 1.500 euros no son variables; el tercer año, la parte de absentismo sube a 1.500 euros, dejando sin variable los otros 1.000; el cuarto año, la parte variable sube a 2.000 euros (1.500 por absentismo y 500 por productividad), los otros 500 no son variables; y el quinto y último ejercicio de aplicación, los 2.500 euros son variables, 1.500 de ellos para intentar frenar el absentismo y los otros 1.000 por productividad. No obstante, este aspecto puede variar, dado el deseo del comité de reducir a cuatro años la vigencia del acuerdo.

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