Juicios pospuestos, indemnizaciones sin cobrar, bodas canceladas: las consecuencias de la huelga de letrados
Al menos 1.600 pleitos han sido suspendidos en la provincia de Málaga desde que comenzó el paro
El Gobierno limita el disfrute de vacaciones de los letrados de la administración durante la huelga
Juicios pospuestos, indemnizaciones y pensiones de alimentos sin cobrar, bodas canceladas y desahucios paralizados son solo algunas de las consecuencias de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -que cumple ya su décimo día- en todo el territorio nacional. Si bien, estos efectos están teniendo una especial repercusión en la provincia de Málaga debido a su gran actividad judicial.
Desde que el pasado 24 de enero diera comienzo el paro de los conocidos antiguamente como secretarios judiciales, los estragos en la actividad de los juzgados y tribunales cada vez van a más. El total de juicios suspendidos en la provincia asciende ya a un mínimo de 1.600, unos 200 por día -a excepción del fin de semana-, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.
Y es que, estos funcionarios son los responsables de la formación de los autos y expedientes, dejando constancia de las resoluciones que dicten los Jueces y Magistrados, o ellos mismos cuando así lo autorice la ley. No obstante, los letrados de Justicia también son los encargados, entre otras atribuciones, de la gestión del dinero que cada juzgado tiene consignado para los distintos procedimientos judiciales.
A consecuencia del paro, los huelguistas aseguran que no se está realizando ningún pago de fondos relativos a actuaciones judiciales, entre las que destaca, en la provincia de Málaga, el cobro de indemnizaciones de tráfico y de pensiones de alimentos, ha explicado a este periódico María Lourdes Vallecillo, delegada por Málaga del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, que ha apostillado que el único trámite relacionado con el dinero que no se encuentra paralizado es la fianza a través de la que un imputado obtendría la libertad provisional. "Este caso está dentro de los servicios mínimos, pues se considera un asunto urgente", ha apostillado.
Una vez más, como consecuencia de la huelga, los principales perjudicados son los ciudadanos que están viendo cancelados sus asuntos judiciales, en muchos casos con graves consecuencias económicas. Pero también el Colegio de Abogados de Málaga ha asegurado estar sufriendo "numerosos perjuicios", principalmente por "desplazamientos innecesarios porque no son no son avisados de las suspensiones de los pleitos hasta el momento de comparecer.
Una queja que gran parte de los huelguistas entienden y es por ello que los Letrados de la Administración de Justicia de Málaga, en la última asamblea que mantuvieron, acordaron "avisar en la medida de lo posible a las partes para que no tengan que desplazarse", ha indicado Vallecillo. No obstante, también ha destacado que no están obligados a informar con antelación de que van a hacer huelga.
Mientras tanto, las tres asociaciones convocantes del paro: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados aseguran que desde que empezó la huelga no han recibido comunicación alguna del Ministerio para abordar el conflicto.
"Seguimos sin noticias de ningún tipo de la ministra Pilar Llop, de la que esperamos, ya que no atiende a sus obligaciones, que por lo menos esté bien de salud", han señalado en un comunicado, al tiempo que han añadido que el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, "parece no tener prisa en solucionar el conflicto, ni estar dispuesto a convocar al comité de huelga de inmediato".
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha convocado una reunión con los secretarios de Gobierno, los superiores de los letrados de la administración de Justicia el próximo miércoles 8 de febrero, a petición del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.
Con ella, se pretende "abordar la situación" de los letrados, de los que Olmedo ha destacado su "seriedad, rigurosidad y lealtad con el ministerio". Pero los funcionarios desconfían de este movimiento."Si quisieran poner fin a la huelga convocarían al comité de huelga. Vistos los movimientos recientes del ministerio, perfectamente puede ser para darles instrucciones para que dificulten el ejercicio de huelga por parte de los letrados y letradas", ha manifestado uno de los miembros del comité, Juan José Yáñez.
Justicia apela “al daño” que provoca en los ciudadanos
El secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, ha pedido este jueves a los letrados de la Administración de Justicia “que se den cuenta del daño que están haciendo” con la huelga que mantienen. Asimismo, ha considerado que es una “casualidad” que los paros indefinidos se hagan esta semana y en este año, pese a que, según los propios trabajadores “llevan muy cabreados desde 2009”. Rodríguez ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, tras participar en una reunión con las comunidades autónomas que usan el sistema de gestión procesal Avantius, que el próximo 8 de febrero habrá una nueva reunión en la que se valorará convocar a la mesa de huelga. En este sentido, ha precisado que ya se han producido más de una treintenta de encuentros. “Entiendo que las huelgas se hacen para que la sociedad vea que efectivamente hay un problema”, ha afirmado Rodríguez, cuestionando si es justa “cuando no hay reivindicación económica”. De las once propuestas planteadas por los letrados de la Administración de Justicia ya se han aceptado diez, ha recordado el secretario de Estado de Justicia, entre ellas su incremento salarial o por sustituciones. Si embargo, manifestó, “no cabe la posibilidad de la cláusula de enganche”, argumentando que no pueden cobrar lo mismo que un juez o un fiscal. “El derecho a la huelga está en la Constitución y me parece perfecto, pero se está perjudicando seriamente a los ciudadanos”, señalando que se están posponiendo citas programadas desde hace meses de bodas o procedimientos abiertos desde hace cuatro o cinco años. Por tanto, Rodríguez insistió en que de las reivindicaciones que proponen los letrados de la Administración de Justicia “no hay ninguna económica -excepto la clásula de eganche- porque todas se han aprobado y las están cobrando”, apuntando que sus salarios oscilan entre 39.011 y 60.826 euros.
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