La Junta ya comunicó hace 17 meses que "se debía" desalojar el Palacio de la Tinta por su mal estado

Un informe de la Junta de Andalucía desvela el mal estado de conservación en el que se encuentra el Palacio de la Tinta, edificio que subasta por un precio de partida de algo más de 12,5 millones de euros. Una situación que, por lo que parece, se viene arrastrando desde hace casi una década. El documento, firmado por el jefe de Servicio de Edificios Administrativos y Supervisión de Proyectos, recoge incluso que la Dirección General de Patrimonio dirigió un escrito el 29 de mayo de 2018 a la Secretaría General Técnica de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial en el que se le comunicaba "que se debía proceder al desalojo del edificio, dado que su estado de conservación no reunía las condiciones adecuadas de habitabilidad".

Sin embargo, 17 meses después de esa comunicación interna, el inmueble sigue acogiendo parte de los servicios de la Delegación de Medio Ambiente en Málaga capital, que deberán ser trasladados de manera inminente ante su más que previsible venta. A pesar de los condicionantes claros que pesan sobre la construcción, que data de 1908, el elevado interés generado entre grupos de inversión y cadenas hoteleras parece garantizar el éxito de la operación de enajenación.

Lo que sí parece evidente es el peso económico que la misma va a suponer para el futuro adjudicatario, toda vez que su situación parece obligar a una intervención global sobre el edificio. En este sentido, el escrito, al que tuvo acceso este periódico, pone de relieve su "deficiente estado de conservación" y que ninguna de las actuaciones de reforma planteadas en los últimos años ha prosperado, "dada la dificultad de acometer las obras necesarias". Fundamentalmente porque se apunta como condición indispensable que el mismo estuviese desocupado. Al tiempo, desde la Junta se señala que hay partes de la construcción vacías porque "no se encuentran en condiciones adecuadas".

El escrito, fechado el pasado 22 de octubre, relata la existencia de varios informes (algunos de ellos forman parte del anexo de la documentación de la subasta activada el pasado 11 de octubre) de hace algo más de una década que corroboran los problemas que tiene el inmueble. Entre ellos, Cemosa elaboró un Estudio de Patologías, fechado el 28 de enero de 2009, en el que concluía "la existencia de diversas deficiencias". Entre ellas, se aludía a "patologías" que incidían sobre los elementos de la estructura, "bien a nivel de reducción de las condiciones de estabilidad y resistencia de éstos, o bien a su durabilidad".

Anteriormente, el 7 de noviembre de 2008, esta misma empresa emitió otro de Inspección de Electricidad, Fontanería y Saneamiento, "concluyendo que dichas instalaciones se encontraban en mal estado de conservación". El encargo de este trabajo se produjo después de que el 8 de octubre de 2008 el Ayuntamiento emitiese una Inspección Técnica de Edificios (ITE) "desfavorable".

Un examen en el que se apuntaba la necesidad de "subsanar deficiencias detectadas en estructura y cimentación, fachadas interiores, exteriores y medianeras, cubiertas y azoteas, así como instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, indicando expresamente que existen deficiencias que afectan a la seguridad, estabilidad o consolidación estructurales".

Ambos trabajos fueron completados por un tercer documento, el 8 de julio de 2009, redactado por la empresa de control de calidad de la edificación Intemac. La misma analizó el estado que presentaba la estructura en aquel momento, "indicando la existencia de diversas fisuras en el edificio". No obstante, aseguraba que la estructura vertical del Palacio de la Tinta, "en lo que a muros de carga se refiere, cumple con los requisitos de seguridad de la normativa en vigor".

Las conclusiones de estos estudios son expuestos por el responsable autonómico en su informe, disponible para consulta por parte de todas las empresas interesadas en participar en la subasta pública, cuyo plazo concluye el próximo 14 de noviembre. En su resumen, apunta: "con independencia de todo lo anterior, las condiciones del edificio no se ajustaban a las normas de accesibilidad, de protección contra incendios...".

De acuerdo con la información oficial, tras la ITE ya mencionada el edificio fue sometido a varias intervenciones de reparación "para garantizar la seguridad de sus ocupantes". Sin embargo, "ya entonces se vio que le estado de conservación era tal que resultaba necesario acometer una obra de reforma integral, para lo cual era imprescindible proceder a su desalojo, dado que muchas de las intervenciones necesarias, fundamentalmente las de carácter estructural, requerían que el edificio no estuviera ocupado".

Por lo expuesto en el informe autonómico, tal intervención no se llevó a cabo, destacándose que el coste de la misma "sería alto, al tratarse de un edificio singular". "Realizar una obra de rehabilitación integral en el edificio suponía una inversión de gran entidad y requería el desalojo previo del edificio", se añade. Lo que sí se materializó, a finales de 2015, según se constata, fue una obra de reparación de la fachada del edificio, así como reparaciones en los patios interiores y cubierta.

"Desde entonces se ha venido conservando el edificio en la medida que su ocupación lo ha posibilitado y, dado que el edificio no reunía las condiciones de habitabilidad, se previó su desalojo, al objeto de proceder acto seguido a su enajenación", contiene el informe. Este procedimiento de venta fue activado el pasado 11 de octubre. A modo de conclusión, el responsable regional precisa que tras los estudios estructurales y de patologías ya mencionados "no se han realizado otros que permitan disponer de información actualizada sobre el estado del edificio".