La dilación del Ayuntamiento de Málaga a la hora de conceder las autorizaciones requeridas para que la obra del Metro avanzase en Callejones del Perchel ha acabado traduciéndose, algunos años después, en un sobrecoste económico para las arcas públicas nada despreciable: 347.617 euros. Esta es la suma que, con sentencia judicial de por medio, ha tenido que pagar la Junta de Andalucía a la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, a modo de compensación por los cerca de tres meses en los que la obra estuvo suspendida. Es decir, que cada día transcurrido sin que los operarios actuasen sobre el tajo ha acabado provocando una penalización cercana a los 4.300 euros diarios.

Aunque los parámetros económicos manejados en la reclamación formulada por Ortiz son reducidos en comparación con las variaciones presupuestarias de esta infraestructura, reflejan el clima de distorsión en el que se desarrollaron las relaciones entre las administraciones municipal y regional durante años. Un escenario institucional que dista del que ahora, con el Partido Popular al frente de ambos ejecutivos, marca el día a día del suburbano.

Desde la Consejería de Fomento confirmaron a este periódico que el periodo de inacción que provocó la demanda de Ortiz, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un fallo fechado el 7 de febrero de 2017, tuvo su origen en la ausencia de una serie de autorizaciones por parte de "diferentes servicios municipales", entre los que se incluían las áreas de Movilidad y Parques y Jardines. "No llegaron hasta finales diciembre para que se ocupara el tramo y transplantaran las plantaciones", indicaron. Una circunstancia que obligó a los entonces responsables de la obra a posponer el arranque de los muros pantalla a finales de enero del año 2010.

Según se desgrana en la sentencia del TSJA, que pudo consultar este periódico, la petición de la empresa, que resultó adjudicataria de la obra del tramo Renfe-Guadalmedina, toma como punto de referencia la existencia de un anexo en el contrato. En el mismo se recogía "una previsión de abono por cada mes de retraso por causas imprevistas no achacables al contratista, con un precio unitario por retraso mensual por paralización total de 124.594 euros, asumiendo un periodo de carencia de 15 días, e igualmente, en caso de paralización parcial, el precio unitario por retraso mensual de 45.762 euros".

Asumiendo como "plenamente aplicable" el citado anexo, se subraya como "acreditado" que la suspensión total de las obras en el citado tramo queda confirmada por la firma de un acta el 6 de agosto de 2009, "no siendo imputable la suspensión al contratista, sino a causas externas por falta de autorizaciones". La orden de reinicio no se produce hasta el 16 de noviembre de 2009. Por ello, se reconoce al recurrente el abono de los mencionados 347.617 euros.

Este es uno de los fallos judiciales que la pasada semana recogía la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, como parte de los 3,8 millones de euros ya pagados a empresas vinculadas a la obra del Metro por reclamaciones llevadas a los tribunales. Según los datos de Fomento, de esta cantidad, 2,8 millones tienen a Ortiz como receptor.