Juzgan a un grupo por estafar a 300 personas con la multipropiedad

La Audiencia de Málaga comienza a juzgar desde hoy a un grupo organizado al que la Fiscalía acusa de estafar con el sistema de reventa de multipropiedad que supuestamente llevaron a cabo desde la Costa del Sol, fundamentalmente desde la localidad de Fuengirola. Constan en la causa más de 300 personas extranjeras presuntamente estafadas, sobre todo del Reino Unido.

El fiscal acusó en total a 18 personas en esta causa, aunque uno de ellos ha fallecido y otros cuatro están declarados en rebeldía, según informaron a Europa Press fuentes judiciales. Está previsto que el juicio se desarrolle en 11 sesiones a lo largo de este mes de mayo y de junio. Se les acusa de los delitos de estafa y de asociación ilícita.

Según las conclusiones provisionales del ministerio público, los acusados, de distintas nacionalidades, habrían creado, con la finalidad de "un enriquecimiento ilícito", una estructura empresarial que "renovaban periódicamente desvinculándose de las sociedades previas para evitar ser localizados". De esta forma, desplegaron una modalidad de la conocida estafa de reventa de multipropiedad.

Se determina la existencia de varios grupos de acusados y se precisa que esta estructura organizada desde el inicio de su actuación "ha abarcado y dirigido a decenas de personas", primero dirigida por un británico y su mujer y, posteriormente, por un acusado surafricano, que ha fallecido. Al parecer el grupo actuó con proyección internacional al menos desde el año 2000.

Como tarjeta de presentación, dice la acusación en su escrito inicial, el grupo utilizaba "un gran número de sociedades, algunas registradas, otras off shores, otras simplemente inexistentes", que tenían cuentas "temporales que reflejan múltiples transferencias que suma un ingente capital defraudado". En la organización, cada acusado tenía una función.

El primer grupo, liderado por el británico y su mujer, establecía un primer contacto telefónico a través de teleoperadores contratados para ello y actuaron supuestamente "bajo el amparo de una sociedad real o bien utilizando una denominación social ficticia y manejando listados previamente adquiridos de titulares de derechos o semanas de aprovechamientos a tiempo compartido".

Los teleoperadores, según relata el ministerio fiscal, ofrecían la gestión de la venta de su timeshare "a un precio muy atractivo con información de un posible comprador que en realidad no existía". Para esta operación, los acusados "exigían como condición previa el envío de una cantidad de dinero, mediante transferencia bancaria o pago con tarjeta", que justificaban en diferentes conceptos.

La Fiscalía indica que para dar apariencia de negocio real remitían a la víctima documentación "absolutamente ajena a realidad alguna" y una vez recibido el dinero, unos 1.202 euros por semana, "los acusados disponían de dichas cantidades en su propio beneficio", mientras los afectados o no sabían nada más de ellos o "eran entretenidas un tiempo con excusas variadas".

Para evitar ser detectados instauraron la "metamorfosis" cada dos o tres meses del entramado societario y de la infraestructura delictiva, según indica la acusación pública, "renovando de manera perfectamente organizada las sociedades limitadas utilizadas para el fraude mediante su sustitución por otras de diferente denominación, emplazamiento y cuentas bancarias".

Como variante, el ministerio público apunta que se creó una sociedad donde, desde un improvisado locutorio de teleoperadores, se contactaba con perjudicados del fraude de reventa de multipropiedad para, "aprovechando su desorientación y situación desesperada", ofrecerles una asesoría jurídica "inexistente" ante las autoridades de la Costa del Sol.

La Fiscalía acusa a los procesados de un delito continuado de estafa, por el que pide para cada uno cuatro años y medio de prisión, y de otro de asociación ilícita, por el que pide, según los casos, dos o tres años de prisión.

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