Málaga, Alicante y Madrid –de mayor a menor y por ese orden– son las provincias españolas donde la Policía Nacional recibe más denuncias por agresiones en el ámbito sanitario; sea en centros asistenciales o en atenciones que los profesionales realizan en los domicilios. Con este balance del año 2023, Málaga –con 44 demandas– se sitúa como la primera del país, seguida de Alicante con 33 y Madrid con 24.

Las cifras se conocieron este jueves cuando policías nacionales detuvieron de madrugada a dos mujeres por la agresión física y verbal presuntamente cometida contra cuatro profesionales de las Urgencias del Hospital Regional.

Conforme a los números facilitados por el Ministerio del Interior, de las 102 denuncias recogida por este cuerpo de seguridad del Estado en Andalucía, 44 correspondieron a Málaga, 19 a Sevilla, 15 a Cádiz, 10 a Granada, cinco a Córdoba, tres a Huelva, otras tantas a Almería e idéntica cifra a Jaén. En todo el país, en 2023, la Policía Nacional recibió 315 denuncias que se saldaron con 115 detenidos por agresiones en el ámbito sanitario.

Estos datos reflejan un alto nivel de denuncias en la provincia en comparación con otras del resto de España, pero no son todas las que se presentan ya que sólo se refieren a las interpuestas ante la Policía Nacional. No incluyen las recogidas por la Guardia Civil. Así que en realidad hay más. De hecho, según las cifras del Registro de Incidentes y Agresiones en Centros Sanitarios (RIAC) del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2023 en la provincia de Málaga se contabilizaron 278 denuncias; 217 verbales y 61 físicas.

De acuerdo a la información facilitada por el Ministerio del Interior, los agresores son varones en la mayoría de los casos (66%) y tienen entre 36 y 55 años; no padecen patologías y uno de cada cuatro son familiares o acompañantes de pacientes. Respecto al perfil de las víctimas, la mayoría son mujeres (60%), de entre 36 y 55 años.

La mayoría de las víctimas son mujeres (60%) y tienen entre 36 y 55 años

La publicación del informe del Ministerio coincidió con una nueva agresión en el Hospital Regional. Dos mujeres fueron detenidas este jueves por atacar e insultar a cuatro profesionales de Urgencias del Regional. Los afectados fueron un enfermero, dos técnicos auxiliares de enfermería (TCAE) y un celador del Hospital General. A una trabajadora le arrancaron una uña y los demás presentaban múltiples arañazos. Al menos tres profesionales tienen partes de lesiones.

Las presuntas agresoras fueron las dos mujeres arrestadas, que habían acudido al hospital para recibir asistencia tras una pelea en la que habrían participado poco antes en una discoteca. Los hechos ocurrieron sobre las 5:00 de la mañana de este jueves. Al parecer, la madre, de 60 años, y la hija, de 26, supuestamente atacaron e insultaron a los trabajadores. La agresión alteró la rutina del área de Urgencias. “Se llenó de policías”, aseguraron algunos trabajadores.   

El centro sanitario emitió un comunicado en el que condenó “las agresiones físicas y verbales que han sufrido varios profesionales durante el desempeño de su trabajo en el servicio de Urgencias”.

Además, el hospital indicó que activó el protocolo de agresiones del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a través del que ofreció a los profesionales afectados asesoramiento tanto psicológico como jurídico. Según confirmó el Regional, los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional.

Una TCAE se llevó la peor parte. “La compañera a la que le arrancaron una uña sangró mucho y tenía arañazos en el brazo”, aseguró el delegado del Sindicato de Enfermería (Satse), Ignacio Anguita. El representante sindical condenó el ataque físico y verbal que sufrieron los profesionales. “Es inaceptable que además de soportar la sobrecarga, sigamos siendo víctimas de agresiones. La prevención está fallando”, dijo. Opinó que frente a las agresiones se ha mejorado, pero matizó: “Hay avances, pero muy lentos. Y a la hora de evitar las agresiones, hay mucho margen de mejora. El personal está demasiado expuesto”. 

Por su parte, el hospital recordó que “la agresión física o intimidación grave contra personal sanitario en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia, y así se han dictado sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión”. Además, recalcó que “el Plan de Prevención y Atención de Agresiones de la Consejería de Salud y Consumo tiene como objetivo intentar reducir este tipo de agresiones, así como minimizar sus consecuencias a través del asesoramiento y acompañamiento de las personas afectadas”.

Las medidas en Málaga contra esta lacra

Actualmente, los centros sanitarios públicos de la provincia de Málaga cuentan con un total de 5.578 medidas de seguridad de distinto tipo, entre los que se incluyen 557 cámaras de seguridad, 1.390 timbres en consulta, 139 consultas comunicadas con interfonos, 1.130 teléfonos en consultas, 373 salidas alternativas o 1.937 terminales en puestos de trabajo en consultas con el software antipánico instalado.

Desde la Administración se recuerda además que el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones de la Consejería de Salud cuenta con un programa de acompañamiento al trabajador agredido y un profesional con formación específica que ejerce como guía en la prevención, así como en la actuación cuando se producen. Otro avance ha sido la creación del interlocutor policial territorial que facilita la coordinación a la hora de la denuncia. De hecho, los profesionales pueden ponerla en el mismo centro, sin tener que desplazarse a comisaría.