Matar moscas a cañonazos

NO hace mucho tiempo se aprobaron a nivel nacional una serie de modificaciones sobre varias materias normativas que atañen de forma principal al ámbito de la movilidad, como la Ley de Seguridad Vial o el propio Código Penal, y que afectan a un sinfín de ordenanzas que paulatinamente han de ir modificándose a nivel autonómico y local para dar cobertura a las citadas modificaciones. Entre otras aportaciones se incluyen, a modo ejemplarizante, sanciones para conductas anómalas habituales y algunas otras nuevas que pretenden poner fin al vacío legislativo sobre materias de práctica normalizada en nuestros días pero que carecían por vanguardistas, de la regulación apropiada.

Pasa de falta leve a grave, por ejemplo, el estacionamiento de forma irregular en los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida.

Hasta ahora, se sancionaba con una falta leve que llevaba aparejada una sanción económica de 90 euros y, desde la aprobación de estas modificaciones normativas y su consecuente encaje en las ordenanzas respectivas, pasará a tipificarse como falta grave con el aumento de la sanción económica hasta los 200 euros.

Se ha hecho caso a las demandas colectivas de las personas con discapacidad a través del movimiento asociativo, sin embargo, este tipo de acciones aisladas ponen de manifiesto un desconocimiento en la materia bastante elevado, y que probablemente consiga disminuir de forma considerable el uso fraudulento de este tipo de aparcamientos, pero que sin duda llevará aparejado cierto condicionamiento de la sociedad en general sobre los que incoamos este tipo de iniciativas y sobre todos a los que finalmente son beneficiarios de las mismas.

No es que esté diciendo que no sea apropiada esta modificación de la sanción, sino que a juicio del que suscribe, el problema no es tanto la sanción económica que conlleva la utilización de los citados aparcamientos sin la tarjeta que avala la legitimidad del que los ocupa, como el uso fraudulento que se hace las mismas, ya sea mediante la utilización de ellas por quien no es titular, como de la habitualidad de utilizar copias a color que legitiman no de derecho pero sí moralmente a ocupar estos aparcamientos por el portador de la misma.

Por todo ello, entiendo que de nada o de muy poco servirá esta elevación económica de la sanción, de 90 a 200 euros si paralelamente no iniciamos una serie de acciones que se sumen a la problemática detectada y conocida sobre la ocupación de forma incorrecta de los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida.

La primera de las acciones sería retirar todas aquellas tarjetas cuyo titular por algún motivo ya no necesita la misma, y que la administración competente ha de conocer y ejercer esta potestad. La segunda seria acometer de forma inmediata una modificación de la tarjeta que legitima a la utilización de estos aparcamientos, incluyendo en la misma medidas que imposibiliten su falsificación.Y la tercera consistiría en una campaña de sensibilización y buen uso de los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida.

Para solucionar un problema hay que detectar sus motivos y actuar contra ellos. Todo lo que no sea así, es como querer solventar el problema de la obesidad infantil eliminando las chucherías de los colegios. Como dicen en mi pueblo, matar moscas a cañonazos.