Medio centenar de malagueños cumple condena en las prisiones más peligrosas

Fueron, en su mayoría, captados por narcotraficantes para que ejercieran de mulas que introdujeran cocaína en Europa, que debían tragarse o bien llevar adosada a su cuerpo. El encargo es un todo o nada. Si consiguen regresar con ella reciben un mínimo de 6.000 euros, que quedan lejos del elevado coste que cada kilo de droga alcanza después en el mercado. El viaje de vuelta, en caso de que el correo sea cazado por la Policía, puede acabar con su detención en la ciudad de destino o, lo que consideran peor, en el aeropuerto de origen. Ahí comenzaría su infierno. Un total de 51 personas de la provincia de Málaga (24 residentes en la capital) cumple actualmente condena en cárceles extranjeras por tráfico de drogas. Varias de éstas figuran entre las más peligrosas, según la Fundación +34, que nació en 2014 para luchar contra la "soledad de los españoles encarcelados en el extranjero".

El presidente, Javier Casado, explica que el 80% de estos reclusos están en prisiones sudamericanas de Venezuela, Colombia, Bolivia y Brasil. Sólo en Perú hay unos 50 andaluces. En el resto se distribuyen en torno a 255. Ha llegado a haber cerca de 2.500 españoles. "Pueden ser más y que no hayan acudido a nosotros. Muchos han cumplido ya dos terceras partes de la condena y, sin embargo, siguen allí", puntualiza Casado. Según sus datos, Málaga es la quinta provincia española con más presos fuera del país.

En Bolivia, los internos son juzgados "como mulas" y no como miembros de redes de narcos, lo que incrementaría su condena. "Es el último eslabón. Son los transportistas de la droga. A algunos los captan en casas de acogida. No tienen nada que perder", detalla el presidente, que calcula que el kilo de cocaína en origen se sitúa en torno a los 1.500 dólares. En España, supera los 50.000. "Las redes hacen que se pesque a uno y que cinco pasen los controles. Son usados como cobayas", asevera.

El perfil de estas mulas, que responde al de un varón de entre 30 y 45 años, ha variado en los últimos años. "Antes eran politoxicómanos o vagabundos fáciles de identificar en los aeropuertos. Ahora, son personas de clase media con graves problemas económicos", señala el portavoz de la asociación, que reconoce que los casos más duros los protagonizan las mujeres que conviven en la propia cárcel con sus hijos. "En Bolivia, la ley permite a familias estar en la zona de penales, donde hay auténticas ciudades. ¿Qué hace la mujer fuera con seis niños? Es la paradoja de un tipo de vida que aquí no entenderíamos", sostiene Casado.

Los otros perjudicados son los familiares que esperan fuera y se ven obligados a un continuo desembolso económico. Tras el arresto comienzan a recibir llamadas de abogados extorsionadores prometiendo un juicio rápido. Ante la situación de emergencia, piden dinero a un vecino o a un amigo. "La mayoría resultan ser timos", se lamenta el portavoz de la fundación. Hacinamiento, violencia o soledad suponen una segunda condena. No son pocas las cárceles extranjeras en que es frecuente pagar hasta por dormir. Es lo que denomina "derecho a piso". "Si no tienes dinero, te vas al patio. Los que tienen el control no son las autoridades sino los presos", asevera. Otro voluntario de la fundación añade que la preocupación de la familia es evitar que el recluso "no duerma entre ratas" o a 3.500 metros de altura en el caso de la prisión boliviana de La Paz. Su día a día se convierte en una lucha por la supervivencia.

El centro penitenciario Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, más conocido como Palmasola, es considerado uno de los más peligrosos del mundo. En él llegaron a contabilizarse 83 españoles, que cumplían condena entre bacterias y enfermedades. Ahora quedan seis, gracias a la labor del nuevo cónsul en Santa Cruz, Joan Borrell. Dentro de cada pabellón, asesinos, narcos y violadores imponen sus propias reglas. Se construyó, según la fundación +34, para 800 presos y alberga a más de 5.000. Allí el dinero puede comprarlo todo, a precio de lujo para los españoles, que son "un cheque al portador".

Entre las historias más trágicas que Casado ha conocido, destaca la de un preso malagueño que murió en Perú el pasado mes de octubre. Había contraído tuberculosis debido a las condiciones higiénicas de la prisión. Estaba condenado a 15 años de cárcel por viajar con cocaína oculta. Sólo le faltaba uno por cumplir. "Allí no hay vigilancia. Le ataron esposado a la cama de un hospital. Así murió. Fue uno de los casos más lamentables. Tenía una condena excesivamente alta. Sin antecedentes, en España no habría sido de más de dos años", recalca el presidente de la fundación. Las penas en Colombia, Perú o Ecuador oscilan entre los seis y los 15 años por transportar cargas de hasta 10 kilos.

En palabras de uno de los voluntarios, la fundación no reivindica la liberación de los españoles, sino que sean extraditados y cumplan su pena en su país de origen. "Han cometido un delito y pedimos que sean juzgados, pero este proceso no debe demorarse en exceso. Algunos han llegado a estar hasta cuatro años sin juicio. Otros fallecen y nadie se entera", precisa. El colectivo tiene previsto pedir una reunión con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para transmitirle que los reclusos necesitan atención médica. Son muchos países con los que España ha llegado a acuerdos para que los nacionales condenados en el extranjero cumplan condena en su país, pero el incumplimiento de algunos gobiernos, sumado a las dilaciones en los trámites del traslado convierte muchas veces el desplazamiento en una empresa imposible.