Nuevo trámite para retrasar en la zona occidental la búsqueda de gas

Los obstáculos administrativos que se está encontrando la compañía Repsol por parte del Gobierno central para culminar su proyecto de investigación para buscar gas en el subsuelo marino de Fuengirola y Mijas rayan la incongruencia. Si en julio de 2011 el Ministerio de Medio Ambiente dio luz verde a la declaración de impacto ambiental que permitía a la empresa perforar un pozo de experimentación frente a estas costas, dos años después el mismo departamento en consonancia con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo se ha sacado de la manga un nuevo trámite y ahora le exige otro informe para cumplir con una ley que ni siquiera ha sido desarrollada todavía a través de un reglamento.

Es la historia de nunca acabar. En abril de este año Industria concedió a Repsol una prórroga de dos años más porque, debido precisamente al retraso que acumula este ministerio en la concesión de la última autorización que necesita para abrir el pozo después de nueve años de estudio, los permisos caducaban dentro de un mes después de otra prórroga concedida también hace dos años esa vez por la demora del Gobierno en aprobar la declaración de impacto ambiental.

Pues bien, cuando ya parecía que el Gobierno central iba a permitir a Repsol la última parte de este proyecto llamado Siroco, que paradójicamente autorizó en 2004 el anterior Gobierno del PP cuando gobernaba José María Aznar, la empresa entregó el pasado 2 de julio documentación ambiental que ya estaba incluida en la declaración de impacto ambiental autorizada hace dos años, según confirmaron a este periódico fuentes del propio Ministerio de Industria.

El nuevo requerimiento de Medio Ambiente, realizado a través de Industria, se refiere a la ley 41/2010 de Protección del Medio Marino, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de diciembre de 2010, es decir, seis meses antes de que este mismo departamento aprobara de forma favorable la declaración de impacto ambiental para abrir el pozo que permitirá determinar la existencia o no de bolsas de gas lo suficientemente abundantes como para ser comercializadas. El problema es que esa nueva ley aún no ha sido desarrollada mediante un reglamento

Fue la Dirección General de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando estaba en el poder el PSOE quien dio el visto bueno hace dos años a toda la documentación entregada por Repsol sobre el impacto que el pozo tendría para los fondos marinos, y hace unas semanas ha sido la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ahora en manos del PP y perteneciente también al Ministerio de Medio Ambiente quien ha pedido el nuevo informe. Pero ahí no acaba la odisea burocrática, una vez que este departamento termine de evaluar de nuevo toda la documentación ya revisada hace dos años, será Industria el que tenga la última palabra sobre un proyecto que el propio Gobierno permitió en su momento y que legalmente cumple con todos los requerimientos.