La situación de abandono en la que parece instalado el núcleo chabolista de Los Asperones, construido de manera provisional hace ahora más de treinta años, llega a merecer ahora la denuncia de Naciones Unidas (ONU). Tras las numerosas quejas emitidas a lo largo de los años por colectivos sociales, por los propios vecinos y hasta por el Defensor del Pueblo andaluz, sin que ello haya alterado lo más mínimo el estado de dejadez de la barriada, es ahora el Relator Especial de la ONU encargado de elaborar un informe sobre la situación de pobreza en España el que alza la voz para denunciar la situación.

En un amplio documento, redactado tras la visita a España entre el 27 de enero y el 7 de febrero pasados, Philip Alston, analiza el caso malagueño y la ausencia de respuesta por parte de las administraciones públicas. En dos puntos concretos del informe, menciona la "información preocupante" recibida sobre "una comunidad romaní que vive desde hace 30 años en el barrio de chabolas de Los Asperones (Málaga) en circunstancias calamitosas, sin un alojamiento adecuado y sin acceso a los servicios públicos”. 

Más a más, constata que por parte de la Junta de Andalucía no se ha producido respuesta "a una intervención del Defensor del Pueblo andaluz y, de manera inexplicable, no pudo proporcionar al Relator Especial información alguna sobre sus planes para el barrio". El compromiso autonómico con el desmantelamiento de Los Asperones se viene repitiendo en el tiempo desde el origen mismo del núcleo chabolista, sin que ninguna de las iniciativas haya resultado exitosa.

"Las autoridades públicas que se entrevistaron con el Relator Especial coincidieron en que la situación de muchas personas romaníes era calamitosa, pero al parecer se resignaban a aceptar que determinados grupos habían quedado relegados a la condición de ciudadanas y ciudadanos de tercera clase sin acceso a la mayoría de los derechos que les corresponden", se dice en el informe, en el que se añade: "Algunas de esas autoridades solo parecían preocuparse de marcar en su haber la adopción de tal o cual medida, y les importaba bien poco lograr resultados tangibles".

"Después de años de planes e indicadores sin duda bien intencionados, los índices de pobreza de la población romaní siguen en niveles deplorables. Los poderes públicos deben movilizarse con urgencia para solucionar esta crisis”, apostilla el Relator Especial en su informe.

El propósito de la labor desarrollada no era otra que informar al Consejo de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de las políticas y programas públicos relativos a la extrema pobreza con las obligaciones de España en materia de derechos humanos, así como ofrecer recomendaciones constructivas al Gobierno y a otras partes interesadas.