La escasa promoción de viviendas de protección oficial (VPO) por parte de la Junta de Andalucía en las dos últimas décadas en Málaga vuelve a ser puesta sobre la mesa por el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital. A apenas cinco días de que los andaluces acudan a las urnas, en la cita del 2-D, el portavoz del Ejecutivo local, Carlos Conde, ha dado a conocer este martes la moción que su grupo lleva para ser objeto de debate y aprobación al Pleno ordinario de esta semana y en la que pone de manifiesto que en los últimos 17 años el Gobierno regional apenas ha impulsado 50 pisos sociales, "frente a los 5.000 del Ayuntamiento". Y ello a pesar de que las competencias en materias de VPO corresponden a la autonomía.

"Son datos incontestables, injustificables", ha expuesto Conde, para quien las cifras obligan al equipo de gobierno a "denunciar la ausencia de política de vivienda de la Junta en Málaga". Un hecho que, a su juicio, se ve agravado después de la firma del convenio de vivienda entre el Gobierno central y la Junta, mediante el que la región dispondrá para ayudas y subvenciones de 246 millones de euros procedentes del Ministerio de Fomento entre 2018 y 2021.

Dentro del plan de acción contemplado por ambas administraciones se incluye el impulso de 79 viviendas de nueva ejecución en las áreas de regeneración urbana en el Centro histórico (67) y Trinidad-Perchel (12), todas ellas "en parcelas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (Avra)". La inversión prevista es de 5,5 millones, de los cuales dos millones corresponden la Junta.

Desde el equipo de gobierno se ha denunciado la utilización del Ayuntamiento como "un mero tramitador", dado que la vigencia del citado acuerdo solo es posible con la aceptación del Consistorio. Al respecto, Conde ha criticado que no se haya contado con el Ayuntamiento para determinar algunas de las intervenciones de espacios de regeneración urbana que se pueden beneficiar de esta línea de colaboración o nuevas promociones ya previstas como las de calle Gigantes, con 32 viviendas, o Lagunillas, con 104.. Estas dos últimas parcelas procedentes del pacto de resolución del convenio de las tecnocasas que tiene que ser aún suscrito.

"Al Ayuntamiento ni se le pregunta ni se le escucha; como siempre, en un acto de deslealtad institucional y desprecio a los intereses de los malagueños, nos encontramos ausentes de ese acuerdo", ha expuesto. Y ha recordado que de haberse actuado de otro modo, parte de la financiación podría haber ido a parar a algunas de las promociones previstas desde el ámbito municipal.

O podrían haber sido incluidas áreas de rehabilitación y regeneración como Asperones, Palmillas-Virreinas, 25 años de Paz, entre otras. Precisamente, el desalojo de los Asperones, donde siguen habitando unas 290 familias, iba a ser uno de los asuntos a incorporar entre los asuntos a financiera en el marco del plan estatal.

Conforme a este modus operandi, el también concejal de Economía y Hacienda ha insistido en que se trata de "otra oportunidad perdida para los malagueños; la Junta decide nuevamente ningunear al Ayuntamiento". Conde ha confiado en que la iniciativa sea apoyada por los grupos municipales, aunque ha predicho que el PSOE actuará "como prolongación del Gobierno de Susana Díaz".