Parque Animal pagó la reforma de una clínica estética privada

La Asociación para la Protección y Defensa de los Animales Parque Animal de Torremolinos, cuya responsable Carmen Marín está imputada por un caso de presuntos sacrificios masivos de perros y gatos en el centro, pagó supuestamente en efectivo una factura de 104.382,19 euros a un centro comercial para la reforma y decoración de una clínica de medicina estética ubicada en el mismo municipio, cuyo administrador único y apoderada de la empresa, respectivamente, eran el yerno y la hija de la misma.

Es uno de los gastos "injustificados" que presuntamente se realizaron con los fondos de la asociación sin ánimo de lucro que dirigía Marín y que se desprenden del informe que el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil presentó hace dos años al juzgado de instrucción número 5 de Torremolinos y que ha motivado que el juez autorice que se investigue la posible desviación de dinero obtenido supuestamente de forma ilícita al amparo de la actividad desarrollada por Parque Animal.

En ese informe, al que ha tenido acceso este periódico, se detalla que la citada empresa justificó supuestamente el pago de esa elevada cuantía por parte del centro Parque Animal en una carta remitida al centro comercial, en la que reconocía la relación mercantil existente entre ambos y en la que especificaba que la protectora de animales se haría cargo de parte de la deuda contraida para la reforma de la clínica de medicina estética debido a que ésta última adeudaba a la empresa diversas cantidades de dinero.

Los investigadores concluyeron en sus diligencias que, dados los fines para los que fue constituida la Asociación para la Protección y Defensa de los Animales, "no estaría justificado en ningún caso la asunción de deudas generadas por una sociedad patrimonial ajena a la misma". Máxime, continúa el documento, "cuando dicha sociedad se encuentra además controladas por la hija y el yerno de la presidenta de la asociación".

Al parecer, la mercantil Loinsomar S.L. se constituyó el 6 de agosto de 1998, con un capital social de 3.005,06 euros, para la compaventa y alquiler de bienes inmuebles y material didáctico, así como la consulta médica. Sin embargo, en junio de 2009 se produjo una ampliación de capital en dicha empresa de unos 103.500 euros, sin que los investigadores pudieran constatar el origen del mismo. Tras las primeras indagaciones, el Seprona concluyó que la mercantil Loinsomar S.L. parece no ejercer actividad económica que precise disponer de empleados, por lo que señala en sus diligencias remitidas al juez que "se trataría de una sociedad patrimonial al figurar en el Catastro Inmobiliario como titular de un importante número de bienes residenciales". Concretamente, siete en Estepona y otros seis en Torremolinos.

En base a los datos recabados durante la investigación, la Guardia Civil, en las diligencias entregadas en el juzgado número 5 de Torremolinos el 22 de diciembre de 2010, señalaba que "parece evidente que parte de los ingresos obtenidos por Parque Animal procedente de las aportaciones de los ciudadanos que acudieron a sus instalaciones o de sus benefactores están siendo utilizados por su presidenta para negocios y operaciones comerciales, a priori susceptibles de ser calificados como irregulares".

Por este motivo, aparte de los delitos de maltrato animal e intrusismo profesional, la presidenta de la protectora de animales podría enfrentarse además a los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y posibles delitos societarios relacionados con su gestión al frente de este organismo sin ánimo de lucro.