Prisión contra los atropellos al territorio

Los delitos contra la ordenación del territorio cometidos por alcaldes y cargos públicos experimentarán a partir de diciembre un severo endurecimiento. Ya no será posible resolver una causa urbanística con una multa. Siempre implicarán cárcel y la sanción económica será adicional. Además, el nuevo texto dobla el periodo previsto de reclusión. Asimismo, en lugar del sistema de multas actual, establecido en función de cuotas diarias, se contempla una sanción proporcional al beneficio económico que se haya obtenido con el delito. Hasta ahora podían ser sentenciados a condenas de entre seis meses y dos años de prisión o a multas que oscilaban entre los 14 y 25 meses. De hecho, las últimas sentencias que han impuesto los juzgados de lo penal de Málaga y que ha ratificado la Audiencia provincial recogían exclusivamente multas para los implicados y en ningún caso privación de libertad.

Sin embargo, el nuevo Código Penal prevé condenas de entre año y medio y cuatro años de encarcelamiento y, además, la posibilidad de sumar multas de 12 a 24 meses. El futuro Código Penal regula la prevaricación urbanística omisiva, es decir aquellos delitos contra la ordenación del territorio que se producen no porque exista una resolución injusta, sino, simplemente, porque la autoridad local no ha adoptado ninguna medida, o sea, penaliza a los alcaldes y funcionarios que no persiguen las edificaciones fuera de la legalidad. También se amplía el ámbito de las conductas consideradas delictivas a las obras ilegales o clandestinas de urbanización. Finalmente, el nuevo código Penal agrava las penas correspondientes a los delitos contra el medio ambiente al incluir los nuevos supuestos establecidos por la Unión Europea sobre traslado ilegal de residuos, la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o cuando se realicen actividades de caza o pesca que provoquen una destrucción o grave alteración del hábitat.