Los promotores del centro comercial Muelle Uno han solicitado oficialmente al Puerto de Málaga la ampliación de la concesión sobre este espacio con el propósito de alcanzar al menos los 50 años de explotación (actualmente disponen de un plazo de 35 años). Y la respuesta dada por el Consejo de Administración Portuaria fue negativa. Así lo acordó en su última sesión, celebrada el pasado 19 de marzo. En la misma se puso sobre la mesa el informe emitido por la Abogacía del Estado, en el que se consideraba que la petición no cumplía con todas las exigencias marcadas en la Ley de Puertos. Este periódico trató sin éxito de conocer la posición de Muelle Uno en este asunto.

De manera precisa, varias fuentes próximas al cónclave portuario señalaron que el pronunciamiento de la Abogacía era que "las condiciones en las que Muelle Uno basaba la inversión a desarrollar no se adecuaban a la ley", motivo por el cual se le pidió "reformular la petición". En concreto al artículo 82 de la Ley de Puertos. El citado precepto es el que marca las condiciones que cualquier empresa ha de cumplir para poder disponer de una extensión del tiempo de concesión.

Esta parte de la normativa contempla dos posibles cauces mediante los que Muelle Uno puede formular la citada demanda. Uno de ellos, por el que inicialmente se ha decantado el promotor, le permite una extensión que "no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial", sin poder superar los 50 años en total. La exigencia que marca la ley es que tiene que desarrollar, a cambio, inversiones sobre el espacio concesional equivalentes, en este caso, a unos 7,5 millones de euros. La cifra es resultado de aplicar una cuota del 20% sobre los 36,7 millones que la empresa se comprometió a materializar cuando recibió la adjudicación del espacio portuario. Bien es cierto que la obra, una vez finalizada, ascendió a más de 55 millones.

En este caso, se condiciona la aceptación de la ampliación a la materialización de "una inversión relevante" no prevista inicialmente en la concesión y que haya sido autorizada por la Autoridad Portuaria (…) y que "sea de interés para mejorar la productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las operaciones portuarias, o suponga la introducción de nuevas tecnologías o procesos que incrementen su competitividad".

La otra posibilidad es la que mayor interés despierta en el seno del Puerto, puesto que implicaría que la "contribución" que tendría que hacer la empresa, también de unos 7,5 millones, se destinaría a la financiación de, por ejemplo, "la adaptación de las infraestructuras en la red general ferroviaria de uso común para operar trenes de por lo menos 750 metros de longitud". Es decir, que podría ser objeto de asignación directa la apuesta de la Autoridad Portuaria por el soterramiento del tren. A cambio de ello, Muelle Uno tendría la posibilidad no ya de llegar a los 50 años de concesión en su totalidad, sino hasta los 75 años, según se marca en el texto refundido de la Ley de Puertos publicada en junio del año pasado.

"Ellos pueden recurrir a cualquiera de las dos fórmulas", expusieron fuentes próximas al Puerto, que dejaron claro que "nunca se puede obligar a la empresa a optar por una o por otra". "Mientras que cumpla la ley...", indicaron. No obstante, recordaron que la aplicación de estas prórrogas "no son automáticas", sino que requieren de la aceptación de la Administración, "sea Muelle Uno, Noatum o cualquier otro; pueden ser rechazadas pero se ha de argumentar por qué razón de interés general se rechaza". "Sí se tiene que ser muy exigente con el cumplimiento estricto de los requisitos; si el consejo estima que a los intereses de la Autoridad Portuaria le conviene dar la prórroga poco más hay que decir", apostillaron las fuentes.

Otras fuentes consultadas indicaron que en este proceso Muelle Uno "está alegando que ya han hecho una inversión de 2,2 millones que quieren que se le reconozcan". Esta aportación se corresponde justamente con el valor que la empresa asigna a los excesos de construcción que se materializaron en el edificio cultural de la esquina de los muelles 1 y 2, donde se levante El Cubo; en la estación marítima, y en el aparcamiento subterráneo en esta zona. La discrepancia que mantiene la mercantil con el Puerto respecto a esta suma le llevó incluso a interponer un contencioso-administrativo que está pendiente de resolución. Desde el punto de vista del Puerto, este argumento no tiene validez a la hora de plantear una reducción de las inversiones a materializar en caso de optar finalmente a la prórroga.

El interés de Muelle Uno por plantear una extensión de la concesión no es nueva, aunque sí es la primera ocasión en la que se plantea oficialmente. Ya en octubre de 2015 de manejó esta misma opción, también en la idea de prolongar la relación hasta sumar 50 años. Una de las razones que parece motivar este movimiento es el largo periodo de tiempo transcurrido desde la recepción de la concesión, en julio de 2005, hasta que el funcionamiento del espacio comercial empieza a estar más normalizado. A modo de ejemplo, Muelle Uno no pudo abrir sus puertas hasta finales del año 2011, cuando el plazo de ejecución de las actuaciones era de 18 meses. A ello contribuyó la salida del proyecto de la empresa Udisa, justamente la que encabezaba la iniciativa, siendo suplida como socios principales por Myramar y por Edipsa. En la actualidad, el actor mayoritario es Unicaja Banco, con un 39,7% de la sociedad.