Revuelta en el colegio Saint George por siete despidos

La asociación de padres y profesores del colegio británico Saint George de Málaga se concentró ayer al tiempo que mantuvo una reunión con la sociedad propietaria del centro para reclamar la readmisión de seis profesores y la psicóloga que han sido despedidos con argumentos "peregrinos", de acuerdo con un comunicado de prensa que emitieron ayer. Las familias subrayan que se trata de profesionales "excelentes" y una parte "esencial del equipo educativo". Junto a la readmisión de los siete trabajadores, padres y profesores exigen a la sociedad titular del colegio que "prescinda" de los servicios que prestan el director general del centro, así como las directoras de primaria y secundaria, porque, afirman "su ineficacia y su ineptitud han quedado claramente demostradas a lo largo de este curso escolar". Les atribuyen, además, "el mal ambiente de trabajo que han creado entre el staff de profesores, clima que transciende a los alumnos".

También reclaman a la propiedad que se comprometa "por escrito" a "mantener el departamento de apoyo y necesidades especiales, y a un titular psicólogo, como se venía ofreciendo desde que se inició la escolarización" en el colegio. Familias y docentes entienden que prescindir de este servicio significa una "modificación sustancial del contrato".

La asociación de padres y profesores (PTA) demanda que se mantenga el sistema británico hasta décimo tercer año de escolarización (Year 13), es decir hasta el último curso de bachillerato". Aclaran que estas fueron las condiciones en las que matricularon a sus hijos en el Saint George. En este sentido, han subrayado la preocupación de las familias de aquellos alumnos que ya han iniciado el bachillerato porque "ya no tienen opción de cambiarse a otro colegio, porque cada centro oferta diferentes asignaturas y diferentes examinadores". La asamblea de padres y profesores ha planteado a los propietarios la creación de un consejo escolar, en el que estén representadas todas las partes, al tiempo que han comunicado su intención de denunciar "a cuantas instituciones competentes sean necesarias" la situación "si se pone en tela de juicio un derecho fundamental como es la educación".