El juez Torres aboga por una mayor tutela de las administraciones ante la corrupción

El que fuera instructor del caso Malaya, el juez Miguel Ángel Torres, consideró ayer necesaria más tutela de las administraciones públicas para prevenir la corrupción urbanística, puesto que, en ocasiones, las condenas penales se imponen años después ser detectadas las irregularidades y éstas son además "mínimas".

"Los juzgados de lo Penal son como una funeraria, que ya no podemos hacer nada, mientras que las administraciones públicas son la ambulancia, que todavía pueden salvar al enfermo", señaló durante la conferencia que pronunció ayer en el Palacio de Congresos de Granada sobre la corrupción urbanística en la Costa del Sol, un acto en el que además aludió a estadísticas que calculan que el 5% del PIB mundial se genera por la corrupción.

A su entender, "cualquiera" puede ser objeto de corrupción puesto que "entre los ciudadanos de alguna manera se percibe que si los responsables políticos cometen este tipo de delitos y quedan impunes, ellos también se ven legitimados para realizar ciertas prácticas". Tampoco la corrupción urbanística va asociada a la dimensión de los municipios, puesto que hasta en los más pequeños ésta "se extiende como una marea negra", por la necesidad además de los ayuntamientos de conseguir financiación y la ausencia de controles y disciplinas urbanísticas, entre otras razones.

En el caso de la Costa del Sol, donde "no es que haya más casos sino más investigaciones activas", influyen, mantuvo el también titular del Juzgado de lo Penal 5 de Granada, factores "que pueden parecer absurdos", como el buen tiempo, "que puede atraer a personas de otros países ya con antecedentes pero sin control", la proximidad a Gibraltar, puesto que se trata de un "paraíso fiscal" que "favorece" el blanqueamiento de dinero, o las buenas comunicaciones.