A cuatro meses de las elecciones municipales, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se encuentra con que dos de sus concejales, Francisco Pomares, responsable de Ordenación del Territorio, y Teresa Porras, edil de Cruz de Humilladero, acaban de ser denunciados por la Fiscalía como presuntos responsables de los delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial y malversación. A los dos integrantes del equipo de gobierno del PP, el ministerio fiscal suma también como implicado al coordinador general de Urbanismo, José Cardador.

Con esta determinación, el fiscal viene a validar como indicios para continuar con la causa buena parte de los relatos emitidos en los últimos meses por varios ex jefes de Urbanismo en el marco de la comisión de investigación impulsada por el Ayuntamiento para analizar la gestión de la Gerencia de Urbanismo en los miles de expedientes abiertos por infracciones entre los años 2006 y 2016.

Vista de la urbanización Villas del Arenal.

Fueron justamente estos testimonios, rechazados de plano en todo momento por el Ejecutivo local, los que motivaron que el asunto fuese llevado a manos del Ministerio Fiscal el pasado mes de septiembre por parte del grupo municipal Ciudadanos, lo que dio lugar a la apertura de diligencias de investigación. Posteriormente, tanto Málaga para la Gente como el PSOE se adhirieron al caso, incorporando nueva documentación.

El equipo de gobierno del PP pide que se respete la presunción de inocencia y da su apoyo a los implicados

La primera reacción del equipo de gobierno del PP fue de apoyo a los tres implicados por la Fiscalía, asegurando que todos ellos "habrían dado explicaciones a la Fiscalía si esta lo hubiera requerido" y añadieron que "darán todas las explicaciones que sean necesarias ante el juez". Ello tras precisar que no tenían conocimiento directo de la denuncia. Por ello, reclamó "respeto a la presunción de inocencia por encima del oportunismo político" y "coherencia a quienes exigen ceses o dimisiones a los demás cuando no lo hacen en sus propias filas".

Analizado el contenido de la voluminosa información aportada por los grupos y por la propia Gerencia de Urbanismo, así como el informe que en su momento solicitó al Seprona de la Guardia Civil, el fiscal da un paso más, solicitando al juzgado la incoación de diligencias previas de averiguación de los hechos y de sus presuntos responsables.

Así lo indicaron fuentes del caso, que precisaron que dentro de las diligencias interesadas se incluye la toma de declaración como investigados de Pomares, Porras y Cardador. A estos nombres agrega los de Teresa Domingo, Esther Sedano, Alberto Íñiguez, entre otros, como testigos.

Pero el episodio ahora conocido tiene su punto de partida en la comisión municipal creada para investigar la gestión de Urbanismo ante los miles de expedientes abiertos por infracciones entre los años 2006 y 2016. De hecho, la Fiscalía viene a asumir como indicios suficientes para seguir con la causa los testimonios verbalizados en esta comisión por tres ex cargos de confianza de Urbanismo. Entre ellos, la que fuera jefa de Disciplina, Teresa Domingo, quien ya en septiembre de 2014 aseguró que fue destituida del cargo por negarse a "prevaricar".

Cuatro años después volvió a denunciar la existencia de "injerencia política" por parte de Pomares y Cardador, en especial en Villas del Arenal, y la "prohibición expresa, evidentemente, verbal" de que los inspectores de obra fueran al distrito de Cruz de Humilladero sin antes haber llamado al director o concejal para que fuesen acompañados. En esta misma línea se expresó el ex jefe de la sección de Infracciones, Alberto Íñiguez, quien llegó a asegurar que se pidió "mirar para otro lado" en los expedientes de Villas del Arenal.

En el marco de las actuaciones, el fiscal también pide a la Policía Nacional que investigue la posible desaparición de documentos, la alteración informática y nuevo foliado de estos expedientes y que se haga una valoración económica del perjuicio a las arcas municipales por la falta de tramitación de los expedientes.

Frente a las tesis de la Fiscalía, el equipo de gobierno del PP viene contraponiendo a las sospechas generadas por la acción de Urbanismo la existencia de una sentencia judicial del TSJA en el ámbito laboral que "dejó claro que no hubo ninguna actividad contraria a la legalidad urbanística ni tendente a bloquear la actividad administrativa". Justamente esta es la idea fuerza a la que se vienen agarrando los ahora implicados por el fiscal.

En la sesión de conclusiones de la comisión de investigación, que dio validez a la idea de que se "dejaron morir expedientes" y que hubo "injerencias", el concejal de Ordenación del Territorio acusó a los grupos de la oposición de haber hecho caso "a los testimonios falsos y denunciados en los tribunales, que se apoyan en ustedes para ver si así pueden ganar algo de dinero en sus demandas laborales”. Incluso, ante el contenido de las conclusiones, el edil llegó a espetar: "hablan de mafia, de cloacas; nos falta el delito de terrorismo".

Porras, por su parte, ante la denuncia de uno de los ex jefes de Urbanismo de que le pidieron que mirase para otro lado en Villas del Arenal, arguyó en su momento que no fue eso lo que le dijo. "Lo que dije exactamente era por qué no miraba también a derecha y a izquierda; por qué ese empecinamiento con Villas del Arenal; esa fue mi frase, no que mirase para otro lado; lo que dijo fue una intencionalidad que salió de su boca no de la mía", expuso.

Por su parte, el gerente de urbanismo también se defendió de las acusaciones asegurando que nunca dio órdenes para que se dejasen morir expedientes. "La única instrucción que se dio fue la de ver el modo de legalizar las infracciones", apuntó.