Las administraciones públicas pagan cada vez antes a los proveedores
El Ayuntamiento de Málaga es el que más rápido abona sus facturas en toda Andalucía, con una media de 29 días, mientras que Fuengirola y Marbella también están entre las seis primeras
Las administraciones públicas andaluzas se están poniendo las pilas y pagan cada vez antes sus deudas a los proveedores. Así se refleja en el informe de morosidad correspondiente al primer semestre de 2018 elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) que fue presentado ayer y que indica, entre otras cosas, que el Ayuntamiento de Málaga es el más cumplidor de todos los municipios andaluces, así como que los de Fuengirola y Marbella también están entre los seis primeros. En el polo opuesto, el consistorio de Vélez Málaga es el quinto peor pagador de la región.
La ley de morosidad establece un plazo máximo de 60 días desde que se presenta la factura hasta que se cobra. Málaga es el municipio andaluz que realiza todo el proceso en menos tiempo, contabilizando un total de 29 días. Es un dato llamativo teniendo en cuenta que el periodo medio de pago de las capitales andaluzas es de 153 días. De hecho, solo los consistorios de Almería, Córdoba y Málaga cumplen la ley porque el resto de localidades tarda más de 60 días en pagar. El caso más flagrante es el del Ayuntamiento de Jaén, que es el más moroso de Andalucía y de España al tardar 589 días para pagar sus deudas con proveedores. En Granada tardan 176 días, en Huelva 135, en Cádiz 100 y en Sevilla 97.
ATA detalló ayer cuáles son los seis municipios que pagan antes y cuáles son los que pagan más tarde. Entre los primeros Málaga está a la cabeza y los de Fuengirola y Marbella están incluidos en esa lista, en quinto y sexto lugar con un periodo medio de pago de 34 y 45 días respectivamente. Entre los seis municipios más morosos de Andalucía está en quinto lugar Vélez Málaga con 209 días de demora.
El informe analiza también el periodo medio de pago de las diputaciones provinciales y todas cumplen la ley menos la de Cádiz, que paga sus deudas en 114 días. En el caso de la Diputación de Málaga pasan 41 días desde que el proveedor presenta la factura hasta que la cobra, estando en línea con el resto de organismos supramunicipales de la comunidad.
En líneas generales, las administraciones públicas andaluzas han reducido el plazo medio de pago desde los 41 días registrados en el primer semestre de 2017 a los 27 actuales, lo que supone un descenso del 34% y que Andalucía sea la segunda comunidad más cumplidora. Solo la supera el País Vasco con 23 días. "Lo que nos queda claro es que la morosidad no tiene nada que ver con el tamaño de la administración, ni de la población, es cuestión de gestión y de prioridades. Para algunas administraciones los autónomos son prioritarios y para otras, no tanto", aseguró ayer Rafael Amor, presidente de ATA en Andalucía. "Esperemos que los ayuntamientos empiecen a ser conscientes de los problemas que supone para los autónomos no cobrar sus facturas y de la importancia de los mismos como eje vertebrador y generador de empleo y riqueza en toda Andalucía", añadió.
Los plazos de pago entre las propias empresas también son motivo de estudio y es curioso comprobar cómo las grandes empresas son precisamente las que más tardan en abonar sus facturas a otras firmas, mejorando así su capacidad de financiación pero poniendo en un brete a sus proveedores más pequeños. El estudio afirma que los autónomos se pagan entre sí en un plazo medio de 38 días, mientras que las empresas de menos de nueve trabajadores lo hacen en 47 días. Las compañías que tienen entre 9 y 50 empleados suelen tardar una media de 52 días, mientras que las que poseen una plantilla de entre 50 y 250 ya no cumplen la ley al llegar a los 63 días. A partir de aquí la morosidad se dispara, pues las compañías entre 250 y 1.000 trabajadores y aquellas que tienen más de un millar pagan sus facturas a los 109 y 115 días respectivamente.
Malestar por el cobro de pensión y actividad
Las organizaciones de autónomos ATA y UPTA expresaron ayer su malestar por el cambio de criterio "por sorpresa" de la Seguridad Social para poder compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con el ejercicio de una actividad, ya que ahora se exige la contratación de al menos un trabajador por cuenta ajena dentro de la actividad principal para poder simultanear pensión y trabajo. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido en un comunicado de que estos cambios normativos crean inseguridad jurídica "y ciudadanos de primera y de segunda, ya que, al no tener efecto retroactivo, "habrá quien siga acogiéndose a los antiguos criterios y quienes no puedan hacerlo". Amor se ha quejado de que este cambio de criterio no haya sido consultado ni se haya informado del mismo a las organizaciones de autónomos.
No hay comentarios