Agreden a dos enfermeros del Hospital Costa del Sol de Marbella

El Hospital Universitario Costa del Sol, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha condenado la agresión sufrida por un enfermera y un enfermero de la unidad de Urgencias del citado centro sanitario. En concreto, la primera agresión se produjo el pasado sábado, día 28 de febrero, en el transcurso de la asistencia sanitaria cuando un enfermero de la unidad de Urgencias fue agredido.

En este caso, el agresor fue detenido por la Policía Nacional en el mismo momento y trasladado a dependencias policiales. El pasado lunes, 2 de marzo, se celebró el juicio rápido por lesiones y delito de atentado.

Además, también se ha producido otra agresión verbal en la misma unidad a otra compañera.

Por ello, se ha convocado este miércoles una concentración en las puertas principales del hospital, y de los centros de Mijas y Estepona en repulsa ante cualquier tipo de agresión física o verbal y en apoyo a los profesionales agredidos.

Desde el momento en que se conocieron los hechos, el Costa del Sol ha activado el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del Sistema Sanitario Público Andaluz poniendo a disposición de estos profesionales todos los recursos necesarios, entre ellos, asesoramiento jurídico y apoyo psicológico.

Desde estas líneas la dirección del hospital centros adscritos manifiesta su rechazo y condena firme de cualquier tipo de agresión, ya sea física o verbal a cualquiera de los profesionales, en cualquier de nuestros centros. Además, muestra el apoyo total a los compañeros y compañeras cuando se producen este tipo de situaciones.

Profesionales y sindicatos reclaman más medidas contra las agresiones. Entre ellas, un endurecimiento de las penas con su consideración de “alteración del orden público”, multas que supongan una penalización económica para el agresor y sanciones administrativas como el alejamiento a otro centro sanitario para su atención.

Recuerdan que una agresión no sólo afecta al agredido, sino que “distorsiona” la asistencia del centro en el que se produce porque impacta en su normal desarrollo. De ahí que demande su tipificación jurídica de “alteración del orden público”, lo que implicaría un agravamiento de las penas.