El ex alcalde de Alcaucín: "Yo no resolví las licencias para esas viviendas"

El ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín declaró ayer en una causa separada de Arcos, en la que está acusado junto con otras seis personas por la construcción ilegal de varias viviendas para extranjeros en el núcleo de Espino del municipio axárquico. Ante el Tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial que juzga el caso, el regidor aseguró que ninguna de las cuatro licencias de construcción para las casas fue ratificada con su firma, a pesar de que sí que confirmó que era un requisito ineludible en la tramitación. "En este caso no las resolví", respondió ante las preguntas del fiscal.

Martín explicó que en el periodo en que se tramitaron las licencias, en torno al 2004, el Ayuntamiento no tenía a un funcionario específico que se dedicara a este tipo de trámites, por lo que achacó al desconocimiento o a un error del empleado que los elaboró el hecho de que los documentos no llegaran a pasar por su manos y ni siquiera llegara a ver las solicitudes o los proyectos de construcción. Sin embargo, sí que especificó que era él, como alcalde del municipio, el único que podía resolver las licencias.

A los proyectos de las viviendas se les concedieron igualmente desde el Ayuntamiento del municipio los enganches para los suministros de luz y agua, una cuestión que el ex regidor justificó en que en el momento en que se concedieron "estaba convencido de que era para casas existentes en la zona". De hecho, concretó que se trata de un núcleo de población que por aquellos años contaba con saneamiento y alumbrado y en el que residían alrededor de 200 personas. "Varios extranjeros compraron viviendas viejas en Espino", matizó ya a preguntas de su defensa. La misma explicación ofreció ante la solicitud de licencia posterior de uno de los propietarios de estas nuevas casas para la construir una piscina.

El "pleno conocimiento" de la existencia de estas nuevas construcciones aseguró Martín que no lo tuvo hasta su comparencia ante la Guardia Civil por el proceso de investigación iniciado en 2009. A petición de su letrado, el ex alcalde aseguró albergar poca formación técnica en cuestiones urbanísticas, aunque a raíz de las acusaciones que pesan sobre él en este procedimiento y en el caso Arcos -el juicio comienza el 7 de noviembre- tiene ahora muchos más conocimientos sobre la materia que en su época de regidor. También negó el Tribunal el entonces alcalde intervención alguna en el proceso de compra inicial de la parcela ni en la posterior reparcelación, con la que finalmente se alzaron cuatro construcciones.

La Fiscalía considera en este caso que tres de los acusados orquestaron una estafa sobre unos terrenos no urbanizables del municipio que vendieron a tres extranjeros y sobre los que se edificaron cuatro viviendas. Al ex regidor lo acusa de haber consentido las edificaciones. La vista oral comenzó la semana pasada, momento en que cada uno los siete acusados se declaró "inocente". Entre la primera sesión y el día de ayer prestaron declaración ante el Tribunal de la Sala todos los acusados.

El encausado Anthony O. compró unos terrenos en el núcleo urbano de El Espino de Alcaucín, sobre los que el fiscal le acusa de haberse concertado con el abogado que lo representaba y otro de los acusados -al que vendió parte de la parcela- para obtener un rendimiento urbanístico. Entre los acusados están también el arquitecto que redactó los proyectos de construcción, el aparejador o arquitecto técnico y el constructor.

El fiscal los acusa de construcción ilegal, estafa y prevaricación urbanística y solicita para cada uno 9 años de prisión, además de una indemnización para los tres compradores de las parcelas que asciendes a 490.500 euros. Plantea igualmente demolición de las construcciones.

El arquitecto y constructor, convencidos de la legalidad

Tanto el arquitecto, como el arquitecto técnico o aparejador y el constructor de las cuatro viviendas en suelo no urbanizable se mostraron ayer convencidos ante el Tribunal que los juzga de que actuaban dentro de la legalidad. El arquitecto, Luis Miguel L. reconoció que no plasmó la legalidad vigente en el proyecto, pero porque "desconocía que la esa legalidad no era vigente en ese momento". El autor de los proyectos aseguró que no existía la figura de arquitecto municipal y que la información que le constaba es que el avance del nuevo PGOU (Proyecto General de Ordenación Urbana) había sido aprobado en Pleno, con la conversión de esos terrenos a urbanizables. El constructor –José O.– concretó que fue construyendo una casa conforme acababa la anterior, y que él mismos solicitó los enganches de luz y agua para poder comenzar con los trabajos, una vez que le confirmaron que se había concedido la licencia de obras. Concretó que la casa más grande fue la primera que realizó, por un precio que no llegó a alcanzar los 200.000 euros, mientras que las otras tres fueron la mitad más baratas.