La convocatoria de elecciones municipales para el próximo mes de mayo tiene un efecto directo en el aumento de las inversiones impulsadas el pasado ejercicio por las administraciones locales en la provincia de Málaga. Los ayuntamientos y la Diputación fueron responsables ese ejercicio de la puesta en marcha de licitaciones de proyectos valorados en 174,8 millones de euros, casi 40 más que en 2017. Ello implica que son las corporaciones locales las responsables de casi el 60% de la inversión total sacada a concurso por el conjunto de los poderes públicos el año pasado.

El global de operaciones en territorio malagueño asciende a los 292,2 millones, con una subida de apenas el 5%, muy por debajo del incremento medio en Andalucía, que fue del 83%. Bien es cierto que esta variación responde fundamentalmente a los datos de Almería, que con 587,6 millones (en buena medida por la licitación de varios tramos del AVE) encabeza el listado de provincias andaluzas. El comportamiento de las instituciones en materia de puesta en marcha de nuevas obras nada tiene que ver con los datos históricos de los que se benefició en 2006, cuando las licitaciones alcanzaron los 1.529 millones de euros.

Son algunos de los detalles del informe sobre licitaciones públicas elaborado por la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, colectivo que vuelve a cuestionar la baja apuesta de las administraciones públicas y que denuncia el "estancamiento" que sufre la obra pública. A los parámetros de obra nueva hay que sumar 35,1 millones de actuaciones en materia de suministro y conservación, partidas que sí caen de manera llamativa respecto a los 75,3 millones del año anterior.

De hecho, de acuerdo con lo señalado por la presidenta del Grupo de Contratistas de ACP, María García, la inversión necesaria para un territorio como el de Málaga debiera haber alcanzado los 500 millones anuales. Una cifra que se alcanzaría "solo invirtiendo en Málaga lo que se invierte de media en España", ha expuesto la secretaria general de la asociación, Violeta Aragón, quien agrega: "esto da a entender lo baja que está la inversión en Málaga, porque estamos muy por debajo de la media andaluza y española". "Para que Málaga sea una provincia para la inversión tenemos que estar siempre a la cabeza y para ello hay que invertir en obra nueva y en conservación", ha enfatizado.

Si los ayuntamientos son la cara de la moneda en el último balance de la apuesta de las administraciones, la cruz es el Gobierno central, que el pasado año rebajo de manera significativa las obras licitadas. De manera concreta, pasó de 77,5 millones en 2017 a apenas 34,3 millones, una suma también en las antípodas de lo que llegó a comprometer la Administración estatal en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, con 140 millones de euros.

"El Estado ha invertido en Málaga unos 60 euros por habitante año, cuando en el resto de las provincias españolas invierte una media de unos 100 euros por habitante y año", ha expuesto García, para quien ello pone de manifiesto una situación de "abandono y falta de compromiso hacia una provincia con uno de los mayores potenciales de crecimiento del país". "Año tras año observamos en los PGE el anuncio de licitación de las mismas obras que luego no se ejecutan", añaden desde la asociación.

El papel que juega la Junta de Andalucía no es mucho más favorable, porque si bien sube su apuesta inversora, pasando de 65,3 a 83,1 millones, la realidad es que lo hace sobre la base de al menos un proyecto de más que dudosa ejecución: el Metro en superficie hasta el entorno del Hospital Civil, con un valor de licitación de 34,2 millones de euros (sin IVA). La ejecución de esta obra queda “en cuarentena” después de que los nuevos responsables de la Administración regional, con el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, al frente haya anunciado la intención de parar la licitación de esta intervención.