El Cachulo intenta estrangular a un funcionario en la prisión de Morón

Apenas unos diez días ha tardado Rafael F. R., alias El Cachulo, en protagonizar el enésimo incidente regimental desde que llegó a la prisión de Morón, trasladado desde la de Alhaurín. Desde su ingreso en la prisión malagueña el interno había protagonizado multitud de incidentes, lo que llevó a los funcionarios a solicitar su traslado a una prisión que reuniera mayores medidas de seguridad, lo que finalmente sucedió el día 21 de julio, con su traslado a las instalaciones sevillanas. Sin embargo, también aquí ha vuelto, supuestamente, a actuar, estrangulando a un funcionario.

Ocurrió este viernes 1 de agosto por la tarde, cuando un trabajador del módulo para internos con problemas mentales fue víctima de una agresión por parte de El Cachulo mientras se encontraba conversando con otros internos. El agresor, "obsesionado con la idea de que algún interno o funcionario lo iba a violar en prisión" abordó sorpresivamente por la espalda al funcionario, rodeándole el cuello con ambas manos realizándole un estrangulamiento, al tiempo que profería amenazas de muerte y connotación sexual del tipo: "Tú no me vas a violar a mí, te voy a matar". Se sospechaba por parte de los trabajadores, según han dado a conocer el sindicato de funcionarios de prisiones Acaip y UGT, que el interno exageraba los síntomas de una presunta enfermedad mental con la idea de "evitar ser trasladado al módulo de aislamiento y suavizar posibles sanciones o condenas amparándose en una presunta inimputabilidad".

Además de ser estrangulado, durante el forcejeo el funcionario recibió varios puñetazos. Finalmente consiguió zafarse del interno gracias a sus conocimientos en defensa personal (adquiridos por iniciativa propia mediante formación especializada fuera del ámbito de la administración) y a la rápida intervención de los Jefes de Servicios y compañeros. Como consecuencia, sufrió lesiones en la zona cervical, dorsal, lumbar e irritación en la garganta, compatibles con el estrangulamiento, y tuvo que ser derivado para recibir atención hospitalaria.

La alta conflictividad del reo ha llevado a emitir una orden de la Subdirección de Seguridad vigente en la que se alerta sobre la cantidad de incidentes regimentales cometidos por el interno. En dicha orden la dirección del centro pide que las salidas del interno se hagan de forma telemática, evitando la interacción con los funcionarios y también se establece la necesidad de realizar informes diarios sobre el comportamiento del interno.

No obstante, el sindicato asegura que pese a que en los informes realizados por los funcionarios del módulo "se advirtió la inadaptación del interno", este se encontraba ubicado en un módulo de PAIEM, un módulo que alberga internos con problemas mentales y que es atendido por un solo funcionario, "lo que evidencia una preocupante incoherencia a la vista de la peligrosidad prevista en dicha orden de seguridad y los informes elevados por los funcionarios".

"Resulta totalmente inconcebible que un interno con ese historial sea ubicado en un módulo de mínima seguridad, máxime en un centro como Morón y los recientes sucesos protagonizados por internos con un perfil de inadaptación. En Alhaurín estaba ubicado en el módulo 6, ocupado por internos reincidentes con mal pronóstico de reinserción", agregan desde el sindicato.

Acaip y UGT también recuerdan que El Cachulo fue uno de los primeros casos que puso en cuestión la Ley del Menor tras cometer un asesinato especialmente violento. El 14 de mayo de 2000, cuando contaba con apenas 17 años, apuñaló por la espalda en siete ocasiones a Manuel Lara, un hombre que se había limitado a recriminarle su actitud vejatoria hacia una mujer. El ataque ocurrió mientras Rafael F.R. se encontraba de permiso del centro de menores de Sevilla, donde cumplía condena por otros delitos. Tras el asesinato, intentó manipular su situación legal ingiriendo estupefacientes para simular un estado alterado, y se entregó horas más tarde. La brutalidad del crimen conmocionó a la sociedad y supuso un punto de inflexión en el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.

Además, el sindicato asegura que no pueden obviar que hace pocas semanas, el 8 de julio, una psicóloga del mismo centro sufrió una agresión sexual por parte de otro interno que, por sus características no se encontraba bien clasificado por orden una orden del equipo directivo. "Esta mala separación interior sigue poniendo en riesgo a los trabajadores del centro, tal y como se ha evidenciado con el nuevo ataque sufrido por un funcionario en la tarde de ayer", comparten.