“Ni he pedido el pasaporte Covid ni lo voy a pedir. Que estén vacunados no quiere decir que no se hayan contagiado”. Esa es la postura que mantienen los responsables de un bar-cafetería situado en Fuengirola, que aseguran no estar dispuestos a “coartar la libertad” de sus clientes exigiéndoles el documento sanitario que la Consejería de Salud y Familias obliga a presentar a los mayores de 12 años para acceder a bares y locales de ocio. El certificado acredita que el usuario está vacunado contra el virus.

Natalia, una de las dueñas de El Pasaje, el establecimiento que ha desafiado la normativa que entró en vigor el 20 de diciembre, no ha dudado en dar a conocer su decisión de renunciar a requerir este documento. Y para ello, ha colocado un cartel en el que remacha que no tiene “ni la capacidad, ni el tiempo y mucho menos el derecho de pisotear la libertad de los clientes”. “Mi marido y yo creemos que no somos nadie para pedirle a una persona documentación de este tipo, en la que se indican sus datos personales”, apostilla la mujer, que afirma haber conocido ya varios casos de fraudes. “Sé de algunos que utilizan el pasaporte de otras personas y hay que solicitarles el DNI para confirmar que son ellos. Por las mañanas, cuando estamos a tope, ¿me paro a pedir uno por uno el código QR o tengo que contratar a alguien para que lo haga?”, asevera. No obstante, según su testimonio, los suyos son clientes “de toda la vida” y el “90%” de ellos están vacunados.

La medida sanitaria para prevenir contagios que en su local sí se mantiene es la de respetar la distancia física establecida, pero la propietaria reconoce que, hasta ahora, nunca ha condicionado a su clientela. “No me siento en la obligación de decirles que no pueden acceder porque pienso que tienen síntomas. Eso depende de cada persona. Si alguien entra sin mascarilla al baño y mantiene las distancias, ¿quién soy yo para decirle que se la ponga?”, manifiesta Natalia. En su opinión, no parece que a los comensales les inquiete su postura, sino todo lo contrario. Algunos la han “felicitado”. La mayoría, llegan, piden, pagan y se van; o bien se aposentan en alguna mesa libre, pero sin dar señales de interés en el pasaporte.

"Si alguien entra sin mascarilla al baño y mantiene las distancias, ¿quién soy yo para decirle que se la ponga?”, manifiesta Natalia

La empresaria, que abrió su negocio hace tres años, discrepa con que una persona sin certificado Covid no pueda sentarse en la barra de su bar, mientras que otras que sí han recibido la pauta completa puedan estar infectadas. “Ese documento no evita que me contagie”, insiste.

No es la primera advertencia que la cafetería El Pasaje hace a su clientela. Ya difundió otro cartel en el que indicaba que, en ese local, podrían “disfrutar de sus servicios pero, sobre todo de su libertad”. El texto hacía referencia al artículo 14 de la Constitución Española, que garantiza que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social”. Asimismo, el mensaje también aludía al artículo 18, referido al derecho a la intimidad personal. “Intentan meter presión a la hostelería, pero esto es imposible de controlar. En el supermercado estamos todos juntos y no pasa nada. Estamos en la cuesta de enero. ¿Tengo que decirle a un cliente que no consuma porque no tiene un código QR?”, expresa la dueña, que sí ve lógico exigir este documento “para entrar a ver a un enfermo a un hospital pero no a alguien que se toma un café”.

Multas que van de los 100 a los 600.000 euros

A su juicio, son “muchos los hosteleros” que comparten su postura aunque no actúan como ella “porque temen la multa”. Natalia es consciente de que el régimen sancionador establecido en el Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto por el incumplimiento de esta medida de prevención prevé multas que oscilan entre los 100 y los 600.000 euros. “Aún no me han amenazado pero entonces denunciaré porque es anticonstitucional. Debo prepararme para eso No podemos vivir con miedo”, advierte.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, señaló ayer que, si bien "destacan los que se niegan", la mayoría de los empresarios han asumido con “naturalidad” la obligatoriedad de requerir el documento o bien una prueba diagnóstica negativa. “Se han adaptado y los clientes, así, se quedan más tranquilos”, explicó.