El campo de tiro cerrará el martes si los tribunales no se pronuncian antes

El campo de tiro olímpico ubicado en Los Montes de Málaga no tendrá más remedio que echar el cierre el martes. El tiempo dado por la Junta de Andalucía para extinguir la concesión expira y los tribunales no se han pronunciado aún sobre la medida cautelar solicitada por la Federación Andaluza de Tiro Olímpico para poder mantener abiertas las instalaciones mientras no haya una resolución judicial en firme sobre el recurso contencioso-administrativo que inició en marzo pasado. Cinco trabajadores y unos 800 abonados se verán afectados.

Si antes del miércoles el juzgado de lo contencioso-administrativo no aclara si acepta o no la medida cautelar, la Federación deberá entregar las llaves del recinto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que dio un plazo de tres meses para desalojarlo por entender que no se realizaron tareas de mantenimiento en los alrededores y que eso facilitó la propagación del fuego originado el pasado mes de agosto que arrasó unas 200 hectáreas.

El Gobierno autonómico dio carpetazo al procedimiento administrativo hace tres meses al rechazar el recurso de alzada presentado por la Federación Andaluza de Tiro Olímpico contra la resolución emitida en diciembre por la Delegación provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en la que se culpaba al colectivo de no haber llevado a cabo medidas preventivas para evitar aquel incendio.

La Junta no tuvo en cuenta los múltiples documentos presentados por la defensa durante el procedimiento administrativo para tratar de demostrar que el incendio no se debió supuestamente a ese motivo. El argumento dado por la Consejería de Medio Ambiente para retirar la autorización de la que goza este colectivo desde 1972 se basa en que supuestamente el campo de tiro no contaba con los pertinentes cortafuegos en el perímetro que propiciaron en teoría la propagación del fuego del pasado mes de agosto.

La Federación, en cambio, insistió en su recurso en que la decisión de revocar la concesión no se ajusta a derecho porque desde que en agosto de 2013, es decir justo un año antes del incendio, se le renovó la autorización por un plazo de diez años más tras contar con todos los informes favorables de la Administración autonómica, no ha recibido ningún requerimiento ni apercibimiento en el que se avisara de sus supuestos incumplimientos hasta después del fuego.

El cierre del campo de tiro deja a la entidad en una situación económica delicada, ya que el cese de la actividad implica dejar en el aire los contratos de las cinco personas que trabajan en las instalaciones y el pago de los préstamos que mantiene por las inversiones realizadas en materia de seguridad en los últimos años.

Además de los trabajadores del recinto, son unos 800 los abonados al campo de tiro que se verán afectados por la decisión de la Junta, además de los equipos nacionales e internacionales que acudían ocasionalmente a estas instalaciones a entrenar por su buena ubicación.

La Federación Andaluza de Tiro Olímpico aún confía en que los tribunales acepten la medida de mantener abierto el recinto en tanto en cuenta no se resuelva el asunto por la vía judicial y de momento se ha optado por cerrar, pero no por desmantelar las instalaciones y las galerías de tiro a la espera de que se produzca un movimiento de última hora que evite el cese definitivo de la actividad.