La suerte del centro deportivo Bizcochero-Capitán, en Teatinos, anunciado hace casi quince años como una de las grandes operaciones de colaboración público-privada, parece echada. Y ello tras activarse formalmente la subasta del derecho de superficie que en 2005 adjudicó el Ayuntamiento de Málaga a la empresa Unión de Inicitativas Empresariales (Udisa), en situación de quiebra económica desde 2014. A cambio del derecho para la construcción y explotación de estas instalaciones, la firma privada llegó a abonar al Consistorio 6.154.760 euros.

La convocatoria de venta extrajudicial determinada por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Málaga, dentro del plan de liquidación de la sociedad, tiene lugar hoy. La previsión de acuerdo con lo manejado por los administradores concursales de Udisa es que haya varios ofertantes que pujen por la compra del derecho de superficie después de que finalizase sin éxito alguno el procedo de venta directa.

De acuerdo con lo recogido de manera literal en el edicto judicial, al que tuvo acceso este periódico, lo que es objeto de enajenación es tanto el derecho de superficie de la parcela, sobre la que se autoriza un techo edificable de 16.000 metros cuadrados, como de las construcciones que fueron ejecutadas por Udisa en el periodo transcurrido desde que recibió la concesión. Unas intervenciones que, según el juzgado, están valoradas en 3.051.327,94 euros.

No obstante, el edicto precisa que "no se considera un precio inicial de referencia" en el procedimiento, al tratarse de un derecho de superficie que requiere "de la anuencia del Ayuntamiento de Málaga". La posición del Consistorio en los últimos años ha sido favorable a la entrada en juego de un nuevo socio privado dispuesto a ir adelante con el desarrollo del equipamiento deportivo inicialmente previsto y que incluía la ejecución de un establecimiento cubierto, así como, al aire libre, de 14 pistas de pádel, tres campos de fútbol 3x3 y otras pistas polideportivas. Además, el proyecto reservaba dos plantas subterráneas para 1.120 plazas de aparcamiento.

Por estas circunstancias, se incide en que "se debe ser muy flexible en cuanto al precio de transmisión; si bien la administración concursal podrá rechazar aquellas ofertas que considere que no son beneficiosas para el interés del concurso". Cualquier interesado en el proceso deberá responder al menos con el 5% del valor del derecho de superficie, lo que se traduce en unos 307.000 euros. Fuentes conocedoras del asunto confiaron en que la puja, en caso de existir, permita al menos disponer de una oferta que sufrague la deuda existente con los proveedores, que se cifra en unos 1,5 millones de euros.

El edicto recoge también la existencia de un convenio firmado en junio de 2011 por Udisa con la Asociación de Inválidos de Málaga, colectivo que viene ocupando la parcela "con el compromiso de dejarla libre y vacua al primer requerimiento de la entidad cedente".

Esta iniciativa privada está marcada desde sus orígenes por la polémica y por los numerosos incumplimientos de la empresa adjudicataria. Aunque el otorgamiento del suelo tuvo lugar en abril de 2005, la licencia no fue autorizada por la Gerencia de Urbanismo hasta septiembre de 2007 y ello tras obligar a Udisa a realizar ciertos ajustes en las superficies de uso comercial que planteaba y que entraban en contradicción con las condiciones del concurso original. A esto se suma que el propio pliego marcaba claramente un plazo de 18 meses desde la concesión de la licencia para el desarrollo de las obras, lapso de tiempo superado con creces.

Casi tres lustros después de aquella fecha, lo único que se puede ver sobre el terreno es un primer nivel de sótano y numerosos pilares. La intervención en su globalidad, según los datos que se dieron a conocer de la propuesta, rondaba los 50 millones de euros de inversión.