El 100% de los colegios concertados de Málaga pide renovar las plazas

Málaga/En la provincia de Málaga, casi 64.600 alumnos estudian en la enseñanza concertada. Esto supone alrededor de un 25% del total de estudiantes matriculados en las etapas no universitarias. Los centros tienen el respaldo de la demanda ciudadana y quieren continuar formando parte del panorama educativo. Al menos, si no hay cambios sustanciales que se lo impidan. Por el momento, la polémica ley Celaá no ha hecho demasiada mella y el 100% de los centros concertados malagueños han presentado su solicitud de renovación.

Los 91 colegios de la provincia esperan renovar las plazas que entran en la oferta pública de la Junta de Andalucía. Serán parte de las que el próximo mes de marzo puedan elegir las familias en el periodo de escolarización.

Sin embargo, que hayan presentado la solicitud para continuar con el acuerdo en el plazo establecido por la Consejería de Educación y Deporte no quiere decir que así sea. En la Delegación Territorial de Educación de Málaga se celebrará una comisión la próxima semana para estudiar cada caso. La resolución estará lista el 17 de febrero, 11 días antes de que comience el proceso de escolarización.

La Lomloe entró en vigor hace escasas semanas y entre sus apartados más cuestionados se encuentra el de denominar la enseñanza concertada como subsidiaria, y no complementaria como ocurría hasta ahora. En una situación de bajada de la natalidad como la actual, si en un distrito educativo hay que cerrar unidades por falta de alumnos, la primera en sacrificarse será la concertada, aunque registre mucha más demanda de escolarización que la pública.

Tanto el consejero Javier Imbroda como la ministra de Educación, Isabel Celaá, han querido eludir lo que ocurrirá cuando acabe este proceso de renovación y si la entrada en vigor de la Lomloe modificará la oferta educativa que se presente en marzo. Imbroda insistió la semana pasada en que las familias podrán seguir optando a colegios públicos y concertados en aquellos municipios donde fuera posible, por lo que la demanda social que pone en entredicho la nueva ley quedaría garantizada.

Celaá, por su parte, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la concertada. Argumentó, para no entrar en discusión, que lo que el Gobierno pretende es aportar “claridad” a la configuración de la oferta pública y que los alumnos con necesidades educativas especiales (tanto sociales como cognitivas) estén repartidos de forma equilibrada entre ambos tipos de escuelas.

Prioridad de la enseñanza pública en la Lomloe

Sin embargo, la ley es muy clara al respecto. La prioridad la tiene ahora la enseñanza pública, que no cerrará aulas por falta de alumnos mientras haya plazas concertadas en la misma zona de influencia. La propia Consejería de Educación ya lo intentó años atrás cuando la Junta estaba gobernada por el PSOE.

Los tribunales acabaron quitándole la razón y le obligaron a devolver las unidades concertadas. Pero entonces a este tipo de colegios los respaldaba la Lomce (la también polémica ley Wert, anterior a la actual reforma), algo que ahora no sucede.

De cara a la escolarización, uno de los cambios más importantes de la ley Celaá es la modificación a la que ha sido sometido el decreto que entró en vigor el año pasado para regir dicho proceso, en el que a partir de ahora tener hermanos en el colegio solicitado se valorará en la baremación con 14 puntos (al igual que el domicilio familiar) y ser fruto de un parto múltiple, con un punto. Dicho cambio se ha llevado este pasado martes al consejo de gobierno de la Junta de Andalucía.

En la provincia de Málaga, Escuelas Católicas de Málaga, CECE Málaga, FSIE Málaga, FEUSO Málaga, Concapa Málaga, Fedampa Málaga, Fapyma Málaga, organizaciones integradas en la Plataforma de Concertados, acordaron en noviembre unir fuerzas para movilizarse en contra de la Lomloe dentro de la campaña nacional titulada Más plurales, más libres, más iguales.

Su objetivo era frenar un proyecto de ley que consideraban “sectario y excluyente y un ataque sin precedente al derecho a elegir de los padres avalado por Naciones Unidas y el artículo 27 de nuestra Constitución”. También pidieron al Gobierno andaluz que recurriera la norma ante los tribunales si finalmente llegaba a aprobarse.

“Esta ley limita la autonomía de los centros en contra de las recomendaciones de todos los organismos internacionales y amenaza la educación diferenciada, así como la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y la supervivencia de los centros educación especial”, apuntaban los afectados. En noviembre y diciembre tuvieron lugar dos manifestaciones y los lazos y banderas naranjas contra la Lomloe aún ondean en los centros.