Más de 130 centros, 3.100 profesores y personal no docente y 20.000 alumnos forman la educación concertada y privada en la provincia de Málaga. Una opción de enseñanza que suele contar con una alta demanda de las familias y que, en ciertas zonas, es esencial para poder cubrir las necesidades de escolarización. Ahora temen que la reforma de la ley educativa de la ministra Celaá rompa el equilibrio entre la pública y la concertada y amenace su continuidad. Han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas y el próximo miércoles guardarán dos minutos de silencio en la puerta de los centros. 

Escuelas Católicas de Málaga, CECE Málaga, FSIE Málaga, FEUSO Málaga, Concapa Málaga, Fedampa Málaga, Fapyma Málaga, organizaciones integradas en la Plataforma de Concertados, han acordado unir fuerzas para movilizarse en contra de la Lomloe dentro de la campaña nacional titulada Más plurales, más libres, más iguales. Con ella se pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos "el amplio rechazo social que causa esta reforma", explican los colectivos. 

Su objetivo es frenar un proyecto de ley que consideran "sectario y excluyente y un ataque sin precedentesal derecho a elegir de los padres avalado por Naciones Unidas y el artículo 27 de nuestra Constitución". Por eso, a través de un vídeo difundido en redes sociales y distintos comunicados, piden a la sociedad malagueña que le secunde en su rechazo.

Igualmente, solicitan al Gobierno andaluz que recurra la norma ante los tribunales si finalmente llega a aprobarse. "Esta ley limita la autonomía de los centros en contra de las recomendaciones de todos los organismos internacionales y amenaza la educación diferenciada, así como la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y la supervivencia de los centros educación especial", apuntan. 

Critican que la tramitación se esté produciendo en plena pandemia y fuera de "cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento", protestan. Y subrayan que, por primera vez en la historia de la Democracia, ni siquiera "se ha pretendido el diálogo". 

Pero, sobre todo, rechazan la reforma "por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza". Los colectivos afectados aseguran que "al eliminar la demanda social como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares, se le concede al Estado un poder absolutista para realizar una planificación unilateral". 

Estiman que la Lomloe lesiona la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los concertados, "a los que impone un comisario político con el objetivo de poner frenos al desarrollo de su ideario". Además, señalan que "posterga aún más la asignatura de Religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación". 

Los centros concertados consideran que la reforma amenaza la estabilidad de los puestos de trabajo de los profesionales del sector y la aboca a la pérdida de fondos públicos, por lo que desaparecerían como opción pedagógica. 

La plataforma de concertados supera ya las 1.200.000 firmas contra la ley en toda España. Serán presentadas en el Congreso de los Diputados.