El comercio tradicional se la juega

Concluida ya la moratoria sobre los contratos de alquiler de renta antigua, los comercios tradicionales de la provincia, muchos de ellos sustentados gracias a una renta por debajo del precio de mercado, se enfrentan a una situación de incertidumbre en la que está en juego su negocio. Algunos de ellos se adelantaron y negociaron un nuevo alquiler antes de que expirara el plazo el pasado 31 de diciembre, muchos optaron por el cierre ante la incapacidad de afrontar una subida de la renta, otros han puesto sus casos particulares en manos de abogados y los demás han optado por dejar pasar el tiempo a la espera de que el propietario mueva ficha e inicie un procedimiento judicial de desahucio. Por lo que aún está por venir la repercusión real del fin de la moratoria.

En el momento actual, toda vez que se han agotado las esperanzas de que dictara una nueva moratoria por parte del Gobierno central, el principal problema al que se enfrentan los comerciantes que están en estas circunstancias es la "coacción", presión para que abandonen los locales. Desde el despacho Martínez-Echevarría Pérez Ferrero aseguran que se han encontrado con casos de clientes a los que los propietarios han enviado burofax indicándoles que el día 1 de enero tenían que entregar las llaves. Sin embargo, advierten los abogados del despacho de que los inquilinos tienen una serie de derechos, por lo que animan a los comerciantes a que se pongan en manos profesionales. Entre otros, el letrado Javier Gutiérrez cita un plazo para desmontar el negocio, liquidar la mercancía y hacer inventario. Además del derecho a ser indemnizado por el arrendador en el caso de que el local sea alquilado a otra empresa del mismo sector en el plazo de un año. "Esa es la pena, que a base de coacciones muchos comercios han ido cerrando sin informarse", matiza.

Sin cálculos aproximados de los negocios afectados en la provincia, Martínez-Echevarría ha conseguido establecer una media 400 o 500 comercios afectados en cada provincia de España. A través de la plataforma creada por el despacho en el mes de noviembre, dirigida a comerciantes afectados por alquileres anteriores a 1985 sobre los que se aplicó la moratoria, es el número aproximado de arrendatarios con los que han conseguido contactar, aunque Gutiérrez concreta que son muchísimos más los afectados, ya que muchos han permanecido, al menos hasta el momento, inactivos. "Muchísimos comerciantes desconocen su situación, no tienen ni idea de las cláusulas que firmaron", concreta el abogado.

Por eso insisten en que la situación de los comercios afectados por la moratoria de 20 años sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 se ha de analizar forma particular, insisten desde el despacho de abogados. "Cada negocio, cada actividad conlleva un tipo de contrato con una serie de cláusulas que han de ser analizadas por profesionales, porque en muchos casos son hasta abusivas", comenta el abogado Javier Gutiérrez. Pero también insiste en que con el contrato ya cumplido se hace más difícil la defensa de los intereses de los arrendatarios.

Desde otro despacho de abogados preparan en estos días varias demandas de desahucio para locales sobre los que propietario e inquilino no han llegado a un acuerdo. Uno de sus abogados explicó a este periódico que una vez que se ha agotado el plazo y se ha perdido la esperanza de que se dictara una nueva moratoria, muchos comercios ven en esta fórmula una manera de alargar su negocio algunos meses más. Su intención es permanecer abiertos hasta que una orden judicial les obligue al cierre. De este modo conseguirán retrasar el cierre a un precio no demasiado alto, ya que aunque pierdan el litigio, las costas judiciales se establecen en función de la renta que abonan, por lo que en principio, es una estrategia que merece la pena.

Entre los negocios que han optado por evitar litigios y que no han podido hacer frente a una subida del alquiler se encuentra el de Narciso Piñero, que el pasado 20 de diciembre abandonaba su pequeña peluquería en la calle Sancha de Lara. En ella Piñero ha perpetuado una de las profesiones más antiguas, la de barbero, que inició su abuelo y continuó su padre. "He tenido que dejarlo", lamentaba hace uno días, "porque no puedo pagar más alquiler del que ya abonaba".

Negociando se encuentran en estos momentos otros muchos negocios, como es el caso de la zapatería Laymar, de la calle Granada que evita dar detalles al respecto. De todos modos, hace ya un tiempo que optó por abrir un segundo local en la misma vía, unos metros más arriba, por si se ven obligados a cerrar el clásico establecimiento.

La otra cara de la moneda son los propietarios y este punto es importante señalar que "el 90% de los negocios afectados están fuera de la principal vía comercial de la ciudad -calle Larios-", insiste Gutiérrez. La mayoría de los locales están en calles secundarias y en municipios y es precisamente en estos casos en los que los propietarios están interesados en que el arrendatario actual permanezca en el local con una renta más acorde al mercado actual, en lugar de arriesgarse con franquicias.

Aún es pronto para hacer valoraciones o apreciaciones del modo en que el fin de la moratoria afectará al pequeño y mediano comercio en la provincia, pero Gutiérrez se muestra convencido de que va a acabar perjudicando a personas a las que le faltan varios años de cotización a la Seguridad Social para su jubilación, bien porque se trate de trabajadores a los que los pequeños empresarios se verán obligados a despedir o bien del propio comerciante.