La muerte a golpes de un cabrero en Casares a manos supuestamente de unos narcotraficantes que, según apuntaba entonces la investigación policial, pudieron equivocarse de objetivo mientras buscaban droga, fue el primero de un reguero de casos todavía sin resolver que siguen teniendo en vilo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

2018 cerró como el año en el que el crimen organizado dejó su rastro más violento en la Costa del Sol, escenario elegido por las organizaciones más poderosas para ajustarse las cuentas derramando sangre. El mismo ejercicio en el que la Policía se enfrentó a los dos primeros casos consumados de narcoterrorismo en la provincia, con dos explosiones, sin heridos, ocurridas en Benahavís y San Pedro Alcántara. Una de ellas, no en vano, sirvió como advertencia a un traficante que terminó encontrando más tarde la muerte a las puertas de la iglesia en la que su hijo acababa de recibir la Primera Comunión.

La operación que desarrollaron de forma conjunta la Policía Nacional y la Guardia Civil permitió descabezar al grupo de sicarios que, presuntamente, habían colocado las bombas. Pero las venganzas no cesaron. A esos sucesos le siguieron meses después otros tiroteos que también se cobraron la vida de tres personas mientras cenaban en sendos restaurantes de Marbella, Estepona y Torremolinos. El asesinato en presencia de numerosos testigos servía a su vez de aviso al resto de implicados en los vuelcos o robos de droga, que han duplicado los crímenes en la Costa del Sol.

2018 cerró como el año en el que el crimen organizado dejó su rastro más violento en la Costa del Sol,

Los homicidios y asesinatos cometidos entre enero y septiembre del ejercicio pasado se incrementaron un 87,5%. Hasta diciembre fueron cerca de una veintena las muertes violentas que empañaron las estadísticas, las mismas que venían reflejando una tendencia a la baja de la criminalidad. Ejecuciones a quemarropa, en plena vía pública, encapuchados, a bordo de una bicicleta, desde un vehículo o en la puerta de un domicilio. El fiscal antidroga de Málaga, Fernando Bentabol, ya abordaba hace unos meses la espiral de violencia entre sí en la que se ven envuelto los narcos. “Basta con intentar ponerle los cuernos a una banda para ser carne de cañón”, apostillaba en una entrevista reciente con este periódico, al tiempo que advertía de que Málaga, que ha pasado del glamour a las balas, está “a la cabeza de España como zona de coordinación de narcos que no perdonan”. Y lanzaba otro aviso: “si no se ponen medios la violencia irá a más”.

Pero las rencillas por el control del negocio de la droga no son las únicas que justifican las cifras del balance de criminalidad de 2018. Durante este año también dos mujeres perdieron la vida a manos de sus respectivas parejas. Una de ellas, vecina de El Morche, un pequeño núcleo de población de Torrox, había sido víctima de dos maltratadores.

El último crimen del año tuvo como protagonista a un hombre de unos 40 años que a finales de diciembre fue atropellado en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso tras haber sido arrojado desde un vehículo con una veintena de puñaladas y signos de estrangulamiento. Ocurría semanas después de que la Policía abriera otra investigación por la muerte con un AK-47 de un francés de 58 años con un amplio historial delictivo. Ambos casos siguen cargados de incógnitas.